El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio inició este martes la audiencia de sentencia en contra del diputado del partido PCN, Reynaldo López Cardoza y su esposa Alma Yaneth Gutiérrez para despojarlos de propiedades y cuentas bancarias por un monto de $350,017.49 para que pasen al Estado.
De acuerdo con los señalamientos de la Fiscalía General de la República (FGR), estos bienes fueron obtenidos entre los años 2000 a 2015 por un monto inferior a los detectados en el valúo realizado durante la investigación. De forma preliminar las propiedades estaban valoradas en más de $200 mil.
«Estos bienes según lo que tenemos en monto establecido asciende a la cantidad de $215,217. 14 en totalidad; sin embargo, están agregados al proceso algunos valúos practicados los cuales establecen que el valor real de los mismos es mucho mayor y eso será uno de los puntos a discusión en la audiencia de sentencia en este caso», explicó uno de los fiscales a su llegada al centro judicial.
Agregó también que «son objeto de extinción depósitos bancarios o productos financieros que en totalidad ascienden a $134,800.35, tres a titularidad de Alma Yaneth de López y dos más a nombre de Reynaldo Antonio López Cardoza, así tenemos algunos detalles, pero en forma amplia esto es en totalidad los bienes que están siendo objeto de la extinción de dominio».
En el caso de López Cardoza tiene en el sistema financiero más de $36,000 y su esposa $97,800.
El Ministerio Público detalló que en total son 12 inmuebles –diez a nombre del legislador y dos a nombre de su esposa– y cinco cuentas bancarias sobre las cuales se inició la investigación. Se espera que la audiencia de sentencia se prolongue toda la semana.
Los señalamientos en este caso, según la solicitud presentada por la Fiscalía el 9 de agosto en dicho juzgado, es que los bienes registrados a nombre del diputado y su compañera de vida, supuestamente, fueron obtenidos de actividades ilícitas. En esta etapa del proceso judicial se definirá si estos señalamientos son sustentados con las pruebas que presentarán los fiscales.
Por su parte, los abogados del legislador han sostenido en otras ocasiones que los bienes en cuestión fueron adquiridos producto de la actividad comercial de su cliente y de su fuente salarial; esto es precisamente es lo que el legislador deberá comprobar, es decir, que fueron obtenidos de forma lícita.
La Fiscalía inició este caso después que la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador declaró a López Cardoza no responsable por enriquecimiento ilícito luego que la Unidad Anticorrupción de la FGR lo demandó por un incremento patrimonial injustificado de $1,571,375.01.
En esa resolución, fechada 3 de marzo de 2017, el mismo tribunal encontró responsable a la esposa del legislador por un enriquecimiento ilícito de $78,000 y la inhabilitó para ejercer cargo público por un plazo de diez años, pero meses después la Sala de lo Civil anuló el proceso de forma definitiva.