El Gobierno de Estados Unidos aplica censura a la prensa, violenta los derechos humanos en su política de seguridad, pero le exige a El Salvador lo contrario, a la luz de diversos casos que se han vuelto emblemáticos a escala internacional.
Antony Blinken, secretario de estado de EE. UU., solicitó ayer en Twitter al Gobierno salvadoreño que respete «el debido proceso» y «las libertades civiles» de los pandilleros capturados en el marco del régimen de excepción, así como la «libertad de prensa».
Sin embargo, la nación norteamericana ha sido señalada en reiteradas ocasiones por organizaciones internacionales de no respetar los derechos humanos de presidiarios.
Tal es el caso del exsoldado Bradley Manning, ahora Chelsea Manning, quien fue condenado a 35 años de prisión por filtrar información de atentados del ejército estadounidense y entregarla a la organización WikiLeaks cuando trabajaba como analista de inteligencia en Irak, país invadido por EE. UU.
A Manning lo mantuvieron desde 2010 hasta 2020 bajo el «régimen de prevención por riesgo de lesiones», una medida que implica pasar 23 horas al día en una celda de 7 metros cuadrados, sin ventanas, ni contacto humano.
Por otro lado, en 2013, el Gobierno de EE. UU. montó una persecución en contra del estadounidense Edward Snowden, extécnico de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) luego de que este huyó del país tras filtrar información al diario británico «The Guardian» sobre un programa de espionaje que ejecutaba la administración de Barack Obama para vigilar, sobrepasando los límites legales, las comunicaciones de millones de personas en todo el mundo.
El presidente Nayib Bukele cuestionó en Twitter los señalamientos del secretario Blinken e hizo alusión al «caso Guantánamo», una base militar estadounidense aislada en la bahía Guantánamo, de Cuba, donde EE. UU. mantiene apresados a terroristas de Medio Oriente ligados a Al Qaeda y a grupos similares que apoyaron el atentado del 11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas. En dicha base no se permite el acceso a la prensa.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido en más de una ocasión a EE. UU. el cierre definitivo de Guantánamo, tras comprobar que en el sitio no existe derecho a la libertad, a la seguridad personal, al trato humano, ni al juicio justo o protección judicial.
