Como un «show» y una «burla para un proceso constitucional» fue como el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, calificó la negativa de la Asamblea Legislativa de aprobar una recusación contra los diputados Rodolfo Parker, del PDC, y Yanci Urbina, del FMLN, en la comisión de antejuicio contra Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC) y viceministro de Seguridad Ad Honorem.
Castro señaló que el proceso de desafuero al que se ha sometido a Arriaza Chicas debe cumplir todas las garantías de los derechos fundamentales y uno de esos derechos es a un debido proceso. «El artículo 236 de la Constitución establece los lineamientos para el desafuero de un funcionario público, el cual establece un proceso que debe tener las garantías de los derechos fundamentales de todas las personas», dijo Castro.
El secretario jurídico enfatizó en el hecho de que la Asamblea Legislativa conoció el dictamen para la recusación de ambos diputados, pero decidió que se mantengan en el proceso de antejuicio contra el director policial y viceministro de Seguridad. «La plenaria se ha desarrollado y se ha tocado uno de los puntos que ya traía, desde la comisión, los votos para que se recusara a los diputados Rodolfo Parker y Yanci Urbina. Al parecer esto se volvió un show y una burla para un proceso constitucional», dijo Castro.
El viceministro de Seguridad Ad Honorem y director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, enfrenta un proceso de antejuicio por parte de la Asamblea Legislativa luego de que se le acusara del presunto delito de incumplimiento de deberes tras no haber llevado por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ante una comisión especial del legislativo el pasado mes de octubre.
El pasado 28 de noviembre, Arriaza Chicas aseguró que las órdenes que emitió la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investiga el manejo de fondos públicos durante la pandemia para llevar por apremio al ministro de Hacienda carecían de formalidades legales.
El funcionario también señaló que la institución policial tiene como marco de actuación lo establecido en la Constitución y que, por lo tanto, no ejecutarían ninguna orden que carezca de los fundamentos constitucionales.