El fiscal general de la República, Raúl Melara, aseguró esta mañana en una entrevista televisiva que los allanamientos realizados estos días en las oficinas de los ministerios de Salud y Hacienda son resultado de avisos que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) dio a la Fiscalía General de la República (FGR).
«Estos allanamientos son el primer resultado del convenio de colaboración que tenemos con la CICIES. CICIES ya llevo a la Fiscalía los primeros indicios de irregularidades bajo los cuales nosotros iniciamos investigaciones y procesos más a fondo. Todos esos procesos han sido por indicios llevados por la CICIES a la Fiscalía», dijo Melara.
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El fiscal general señaló que esta acción sienta un buen precedente del trabajo de la CICIES en cuanto a su razón de ser como ente fiscalizador. «Los mayores indicios son los aportados por CICIES. Esto quiere decir que este convenio está dando sus furtos y está poniendo la institucionalidad a trabajar», enfatizó el fiscal.
Melara explicó también que «la CICIES ha estado realizando una auditoría en los fondos públicos relativos a la pandemia, al encontrar una irregularidad lo presentan a la Fiscalía».
El titular de la FGR explicó también que los allanamientos son «mecanismos rutinarios y totalmente habilitados por la ley dentro de investigaciones que se dan, investigaciones que no tienen que enmarcarse bajo ningún tema político, sino que está enmarcado en las denuncias sobre los fondos de la pandemia».
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El fiscal confirmó también que han sido alrededor de 13 procedimientos los que se han realizado, pero que no todos son en organismos del Estado, sino que también se incluye a proveedores. Melara enfatizó que hay órdenes judiciales que respaldan estos procedimientos.
Sobre los momentos de tensión que hubo anoche entre la Policía Nacional Civil (PNC) y la FGR durante los allanamientos en las oficinas del Ministerio de Salud, Melara señaló que «la Policía se encontraba en el lugar para tomar control perimetral» por solicitud de Salud. «Eso fue lo que sucedió», dijo Melara, señalando que la institución policial está en su derecho de establecer dispositivos de seguridad y de resguardar las instalciones del ministerio de Salud o de cualquier otra instalación del Estado.
«Esto es un acto de investigación. Aquí no estamos poniéndole la marca a nadie», sentenció Melara, enfatizando que no se puede determinar ninguna culpabilidad, ya que el proceso está en la etapa de investigación.