De acuerdo con las autoridades del Ejecutivo con los $438 millones presuntamente malversados por los gobiernos del FMLN se hubiera podido hacer, entre otras cosas, financiar tres veces la fase III del Plan Control Territorial, valorado en $109 millones o pudo financiarse el presupuesto de la Fiscalía General de la República por cuatro años.
Una investigación interna del Banco Hipotecario reveló que dos exempleados de Casa Presidencial -desde la gestión de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén) fueron los operativos de la red de corrupción para sustraer $438.2 millones del erario a través de la Cuenta Única del Tesoro; $379.5 millones durante el Gobierno del prófugo Mauricio Funes y $58.7 millones durante la gestión de Sánchez Cerén, en sus primeros dos años (2014 y 2015).
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El informe detalla que en las cuentas personales de Francisco Rodríguez Arteaga inicialmente se depositaron $356,400,538.34 en el periodo de Funes; mientras que en el Gobierno de Sánchez Cerén le depositaron $55,933,387.97.
La auditoría reflejó que, en el periodo de Funes, Rodríguez Arteaga retiró $357,607,009.89, utilizando «bolsas de basura», y $55,933,387.97 en los dos años que trabajó con Sánchez Cerén.
Rodríguez Arteaga manejó ese dinero en 11 cuentas personales que eran «falsamente» denominadas: Gastos operativos de la presidencia y otras en los dos gobiernos del FMLN.
El empleado se desempeñaba como jefe de la unidad financiera de la Casa Presidencial en los gobiernos del FMLN y fue condenado a tres años por el delito de peculado, y tres años por lavado de dinero y activos.
Otra parte del dinero fue depositado a las cuentas del ex empleado de la presidencia, Pablo Gómez. En la gestión de Funes supuestamente le depositaron $9,909,910.22, mientras que en el periodo de Sánchez Cerén fueron $2,791,211.62.
En cuanto a los retiros, bajo la administración de Funes fueron $9,905,892.86 y en la gestión de Sánchez Cerén retiró $2,795,302.93. Gómez no aceptó declararse culpable ni negoció con la Fiscalía, se sometió a un juicio ordinario y fue condenado a 16 años de cárcel. La investigación detalla que Gómez movió el dinero a través de siete cuentas personales denominadas «falsamente»: Gastos operativos de la presidencia y otras.
Fin al «mecanismo»
Al respecto, la presidenta del referido Banco Hipotecario, Celina Padilla afirmó ayer en entrevista televisiva que esos mecanismos fueron desarticulados a partir de su llegada a la institución en junio de 2019, y que han tomado las acciones necesarias para anular ese tipo de prácticas.
«Tenemos la infraestructura y nuestro personal está capacitado para ser competitivos con el resto de la banca, (no para este tipo de prácticas)», dijo Padilla.
Por su parte el abogado y exfiscal Rodolfo Delgado afirmó que la nueva investigación reveló que el segundo gobierno del FMLN continuó saqueando fondos públicos con el mismo modus operandi usado durante los gobiernos de Saca y Funes.
«El Banco no está involucrado, fueron personas que utilizaron mal los servicios que la institución presta a sus usuarios», aclaró Delgado.
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El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín lamentó la presunta malversación de fondos del erario, pues frena los proyectos en beneficio de la sociedad.
«Me llena de tristeza (el desvío de $58 millones del erario a cuentas personales durante la administración de Salvador Sánchez Cerén) porque con ese dinero se pudieron hacer muchas obras. Si ese monto no se hubiera sustraído en esos gobiernos, hoy habría financiamiento para proyectos de seguridad como el Plan Control Territorial», manifestó Marroquín.
El funcionario espera que la Fiscalía actúe con justicia en este caso.
Piden nueva investigación
«Queremos que se investigue porque estas irregularidades sucedieron también en el gobierno de Mauricio Funes en el proceso denominado Saqueo Público. En estas cuentas bajo la administración del expresidente Funes se depositaron $379 millones y en la administración de Sánchez Cerén se depositaron alrededor de $58 millones», manifestó Padilla.
Delgado explicó que la auditoría arrojó que durante los 10 años de gestión del FMLN se movilizaron aproximadamente $438 millones por cuentas a nombre de personas naturales y no institucionales como mandata la Ley AFI.
«La investigación reveló que las cuentas deliberadamente fueron registradas con una denominación falsa dentro del sistema, de manera tal que había una clara intención de dar a entender que los fondos estaban siendo utilizados de una forma adecuada», detalla Delgado.
El abogado agrega que el aviso dado a la Fiscalía es para para que se investigue la posible comisión de delitos como el peculado, malversación de fondos y lavado de dinero y activos. «También que se amplíen las investigaciones sobre ilícitos cometidos por omisiones, comisiones con dolo o culpa por diferentes personas naturales que básicamente utilizaron como vehículo al banco para cometer delitos». Delgado dijo que es posible que la FGR ya esté realizando las investigaciones al respecto, sin embargo, detalla que las pruebas presentadas son una muestra de la colaboración y responsabilidad de la nueva administración del referido banco para poner en conocimiento a la Fiscalía.
Obras que pudieron hacerse con $438 millones:
-Se pudieron construir dos «by-pass» como en el de San Miguel, que costará $160 millones.
-Podría ser una fuente importante de recursos del Ministerio de Salud para el combate de la pandemia del Coronavirus.
– Financiar tres veces la fase III del Plan Control Territorial, cuyo costo será de $109 millones.
-Podría financiarse el presupuesto de la Fiscalía General de la República por cuatro años.