Más de $43,000 del fondo municipal utilizó el exalcalde de ARENA en Coatepeque, Santa Ana, Jorge Alberto Rivas para contratos de líneas telefónicas y compra de aparatos sin evidencia de beneficio para la comuna y sin saber dónde están los aparatos, según auditó la Corte de Cuentas (CCR) y la Fiscalía General de la República.
En 2019, la Fiscalía acusó al exedil por peculado [apropiarse de dinero del Estado] y negociaciones ilícitas. Las investigaciones determinaron que Rivas malversó $441,375.67 en 11 proyectos otorgados, pero que nunca fueron ejecutados, entre ellos, se destacó la aprobación de un contrato con una empresa de telefonía móvil por $25,000 en 2015.
«Se ha realizado la contratación de telefonía celular sin que haya demostrado que estos bienes sean institucionales y para uso institucional, no tienen controles de asignación de aparatos y líneas telefónicas. No existe conocimiento de dónde se encuentran los teléfonos celulares que paga la municipalidad, sin estar registrados como bienes institucionales», estableció el ministerio público.
Sumado a ello, un informe reciente de auditoría de la CCR reveló que el exalcalde e integrantes del concejo municipal erogaron en 2019 un total de $18,503.01 en la gestión de telefonía celular. La Corte encontró «deficiencias en la gestión de telefonía celular, debido a que la municipalidad financió con el FODES 25% de $10,621.83 y con el fondo municipal $7,881.18».
La CCR determinó que no existe controles para la asignación de aparatos y líneas telefónicas y se desconoce dónde están los teléfonos móviles y quienes son los beneficiarios. «Se determinó que en la contratación no se analizó la conveniencia en cuanto al tipo de móvil a adquirir, capacidad mínima en minutos para comunicarse, capacidad en red ni económica de la municipalidad para soportar una carga más de obligación para hacerle frente a los proveedores», se lee en el informe de auditoría.
En uno de los contratos, la municipalidad pagaba por cada móvil $107 por cargos básicos, $135.99 por un Samsung note 9 y $1,290.60 por 10 Samsung S9 Plus, incluyendo hasta plan de protección.
Además, la Corte hizo señalamientos porque las exautoridades municipales utilizaron $1,279.90 en pagos de combustible a funcionarios, empleados y a personas particulares «sin la respectiva misión oficial y que ésta haya sido emitida por escrito por un funcionario competente».
Por estas irregularidades y otras 18, la Corte de Cuentas responsabilizó al exedil y a su concejo municipal a pagar en concepto de responsabilidad civil $145,708.29; mientras que la Fiscalía también continúa las investigaciones para llevarlos a la cárcel.
En la auditoría se responsabilizó también al síndico José Menjívar; Margarito Hernández, alcalde interino; a los regidores Mirna Trejo Mauricio Garay, Víctor Aguilar, Guillermo Chavarría, Maximino Guardado, José Landaverde, Rafael Coto, Manuel Rivas. También al jefe de la UACI, Guillermo Chávez, al contador Luis Vanegas, a la tesorera y regidora Rosa López y al auditor Joel Peñate.
En enero de este año, el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana liberó a Rivas y los demás acusados, pero el ministerio público tiene un año para presentar las pruebas de la corrupción cometida por los acusados.