El exdiputado Wilver Rivera Monge, condenado a 15 años de prisión por lavado de dinero, debía salir de prisión en el año 2029, pero una resolución de hábeas corpus que la Sala de lo Constitucional emitió a favor del corrupto, Julio Rank, el 20 de marzo de 2020, le abrió las puertas al ex legislador para gozar de los beneficios de la Ley Penitenciaria, pese a que fue condenado por un delito de crimen organizado.
A Rank, quien recientemente falleció, el Juzgado Primero de Vigilancia Penitenciaria y la Cámara Mixta de Tránsito y de Vigilancia Penitenciaria, le habían negado la libertad condicional por considerar que no se reunían los requisitos para salir, ya que estaba condenado por lavado de dinero y además no había pagado los más de $800,000 de responsabilidad civil, pero la Sala de lo Constitucional dijo que eso no era un obstáculo para beneficiarlo.
Los magistrados resolvieron diciendo que «la libertad condicional y otras figuras, son formas de cumplimiento de la pena, pues el condenado sigue sujeto al control y a la vigilancia de las autoridades encargadas de su ejecución y continúa afectado por intensas limitaciones sobre sus derechos fundamentales» y que es ilegal no otorgar libertad condicional bajo el argumento del delito por el que se condenó.
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Esa resolución sentó jurisprudencia y entre los beneficiados está Rivera Monge, César Funes, exsecretario de la Juventud y el expresidente Antonio Saca. Funes ya está libre y a Saca, no le acumularon los dos años de condena por el delito de cohecho (soborno) tras confesar que ofreció $10,000 a una empleada de la Cámara Primera de lo Civil para que le diera información del juicio civil que aún tiene pendiente, Saca incluso podría salir de la cárcel en el 2021 bajo libertad condicional, como otro beneficio gracias al fallo de los actuales magistrados constitucionalistas.
En el caso de Rivera Monge, entonces del partido PCN, la Fiscalía ordenó su captura en el año 2014, pero fue condenado el 29 de julio del año 2016, con la estructura del narco, Jorge Ulloa Sibrián, alias «Repollo», las pesquisas fiscales determinaron que el ex legislador lavó entre 1999 y 2013, un total de $8,344,906.33.