El Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador condenó a 22 años de cárcel al exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira por los delitos de lavado de dinero y cohecho activo (ofrecer sobornos), por el primer ilícito le impuso 12 años y por el segundo 10.
También ha sido condenado a pagar en concepto de responsabilidad civil, $16,219,187.95 por lavado de dinero y $1,861,761.80 por cohecho activo.
El fallo emitido por el juez determina que la prueba presentada por la Fiscalía le ha dejado establecido la participación del exlegislador suplente del PCN en los hechos acusados en el expediente.
Según las juezas, el cohecho activo en este caso se configuró cuando el exdiputado Silva Pereira entregó dinero, como lo dijo en su testimonio el exalcalde de Berlín, Ramón Ernesto Palma, quien le entregó el 10% por la adjudicación de proyectos, dinero que salió de un préstamo que el imputado le gestionó a Palma y para la ejecución de proyectos que antes de licitarse Silva Pereira sabía qué sus empresas los iban a desarrollar.
Además del testimonio de Palma dado en un acticipo de prueba, el tribunal valoró otras declaraciones de testigos que corroboraron lo dicho por el exalcalde de Berlín respecto a la adjudicación amañada de tres obras.
«El tribunal concluye que estamos en presencia del delito de cohecho activo bajo modalidad continuada», dijo una de las juezas del tribunal al momento de dar a conocer el fallo.
En el delito de lavado de dinero el tribunal también dijo que la Fiscalía le presentó abundante prueba y se estableció el blanqueo de activos ya que depositó, retiró y convirtió fondos ilícitos.
Silva Pereira fue señalado por el ministerio público de sobornar a 21 alcaldes y concejales y constituyó cuatro «empresas de papel» o fachada, para lavar el dinero que obtenía de la adjudicación de proyectos a través de licitaciones amañadas a cambio del 10% por cada obra que se le otorgada.
La Fiscalía presentó análisis que revelaron las entregas de dinero desde el inicio bajo un 100% sin respetar los anticipos de obra, incluso hubo pagos de proyectos antes de abrir los procesos de licitación para las adjudicaciones, violándose de esa manera los procedimiento de la la ley LACAP, así lo dijeron las juezas en el fallo.
En las pesquisas realizadas detectaron varias modalidades de lavado de dinero, ya que Silva Pereira utilizó el sistema bancario para transferir los fondos que adquiría de los proyectos que ganó mediante sobornos, el ministerio público documentó depósitos y retiros, compra de vehículos, inmuebles, creación de empresas fachada donde se valió prestanombres o testaferros.
La idea de los prestanombres era con el fin de desligarse de las sociedades aparentemente, pero luego tomaba el control ya que los testaferros se las regresaban y él aparecía como representante legal junto a su esposa Nora Emely Parada, quien fue condenada a siete años por lavado de dinero, pena que cumplió en cárcel de Mujeres.
Al tener la representación legal de las sociedades se le facilitaba participar en el amaño de licitaciones que según la Fiscalía fueron cometidos por Silva Pereira, entre los años 2002 y 2006 y que terminó en un lavado de $16,219,167.95.
Antecedentes
La condena de Silva Pereira llega 16 años después de judicializado el expediente tras una investigación que comenzó la Fiscalía por un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), que detectó una cuenta bancaria de Óscar Mauricio Contreras, ex subgerente de banca personal del Banco Hipotecario, sucursal Usulután.
A Contreras, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador lo condenó a cinco años de prisión por haber transferido dinero proveniente de las licitaciones amañadas en varias alcaldías, hacia las cuentas corrientes de Caminos y Edificaciones (Ced) y Proveedores y Constructores de Obras Viales Eléctricas y Civiles (PROVECOM).
El 16 de noviembre de 2007, también fue condenada, Nora Emely Parada de Silva, esposa del exdiputado, los jueces le impusieron siete años de prisión por lavado de dinero.
Conducta delictiva de Silva
El ministerio pública señaló a Roberto Carlos Silva Pereira, he haber negociado con los alcaldes la adjudicación de proyecto y les ofreció el 10% en concepto de dádivas, pasando sobre los procedimientos que estable la ley LACAP.
Con el incrementa de su patrimonio de forma ilícita creo las sociedades CED, S.A y Provecom, para captar los fondos de las municipalidades y luego invertir en bienes e inmuebles. De esa manera, junto a su esposa compraron en Tecoluca, San Vicente dos inmuebles $200,000, fondos que fueron obtenidos de proyectos ganados con licitaciones amañadas en las alcaldías.
Compró en $200,000, la gasolinera Continetal Gas, en Jiquilisco, una casa de Santa Elena Sur, el Centro Ferretero de Jiquilisco, un yate que mantenía en Puerto Barillas, además de varias cuentas bancarias.
Según el ministerio público, las cuentas bancarias de las sociedades CED S.A. de C. V y Provecom S.A. de C. V. registraron movimientos de dinero por más de $1 millón, fondos que provenían de diferentes alcaldías con las cuales las sociedades del imputado suscribieron contratos sin que se cumplieran los requisitos legales.
El dinero que llegó a través de cheques a las cuentas corrientes de las sociedades salió de las alcaldías municipales que adjudicaron proyectos a las empresas de Silva mediante licitaciones amañadas, entre esas comunas se mencionan la de Santa María, Ozatlán, Moncagua, San Alejo, San Jorge, Berlín, Acajutla, Estanzuelas y otras.