El juicio contra el exdiputado Roberto Carlos Silva Pereira, se aplazó nuevamente porque a última hora, su esposa Nora Emely Parada de Silva se presentó con un escrito para nombrar a dos abogados particulares y reemplazar a lo defensores públicos que ya se habían designado.
Para la Fiscalía estas acciones no son más que tácticas dilatorias, el pasado lunes la vista pública no se realizó porque el abogado Nelson García no compareció y el Tribunal Cuarto de Sentencia declaró la defensa en abandono y pidió la asistencia de la Procuraduría General de la República.
El martes, los defensores públicos solicitados se presentaron pero por no conocer el proceso pidieron tiempo para estudiarlo. Este jueves cuando ya estaba por comenzar el juicio Silva Pereira, nombró a dos abogados particulares y pese a que habían pedido dos semanas para estudiar el caso, el tribunal solo les otorgó tres días y se tiene previsto que la vista pública inicie el lunes 24 de enero.
El exdiputado es acusado por los delitos cohecho activo (ofrecer sobornos) y lavado de $13.4 millones. Los hechos acusados por la Fiscalía General de la República supuestamente fueron cometidos por el imputado entre los años 2002 y 2006, antes que fuera electo diputado suplente por el PCN.
Las pesquisas fueron iniciadas por el ministerio público tras un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), enviado por el sistema financiero al detectar transacciones en una cuenta bancaria de Óscar Mauricio Contreras, ex subgerente de banca personal del Banco Hipotecario, sucursal Usulután.
A Contreras, el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador lo condenó a cinco años de cárcel por haber transferido dinero proveniente de las licitaciones amañadas en varias alcaldías, hacia las cuentas corrientes de Caminos y Edificaciones (Ced) y Proveedores y Constructores de Obras Viales Eléctricas y Civiles (Provecom).
El 16 de noviembre de 2007, también fue condenada, Nora Emely Parada de Silva, esposa del exdiputado, los jueces le impusieron siete años de prisión por lavado de dinero.
La acusación de la Fiscalía señala que Roberto Carlos Silva Pereira, negoció con alcaldes de todo el país la adjudicación de proyectos, les ofreció el 10% en concepto de dádivas omitiendo los procedimientos que establece la ley LACAP, de esa manera aumentó su patrimonio ilícitamente y creo las sociedades CED, S.A y Provecom, para captar los fondos de las municipalidades.
Las pesquisas detectaron que el exdiputado junto a su esposa adquirió dos inmuebles en el municipio de Tecoluca, San Vicente, por un monto de $200,000, ese dinero provenía de los negocios ilícitos pactados con varias alcaldías.
Compró en $200,000, la gasolinera Continetal Gas, en Jiquilisco, una casa de Santa Elena Sur, el Centro Ferretero de Jiquilisco, un yate que mantenía en en Puerto Barillas y le encontraron varias cuentas bancarias.
La Fiscalía sostiene que las cuentas bancarias de las sociedades CED S.A. de C. V y Provecom S.A. de C. V. tuvieron una serie de movimientos de dinero por más de $1 millón.
Informes de la Corte de Cuentas anexados al proceso señalan que esos fondos provenían de diferentes Alcaldías con las que las sociedades del imputado suscribieron contratos sin que se cumplieran los requisitos legales.
El dinero que llegó a través de cheques a las cuentas corrientes de las sociedades salió de las alcaldías municipales que adjudicaron proyectos a las empresas de Silva mediante licitaciones amañadas, entre esas comunas se mencionan la de Santa María, Ozatlán, Moncagua, San Alejo, San Jorge, Berlín, Acajutla, Estanzuelas y otras.
Una investigación amplia, reforzada con los análisis patrimoniales financieros concluyeron que Silva Pereira lavó más de $11 millones de forma personal y más de $1 millón a través de sus empresas; que ese dinero fue producto de las licitaciones amañadas con las alcaldías.
