Marco Tulio Lima, exdirector de la Dirección General de Centros Penales (DGCP) y siete exfuncionarios del gobierno del FMLN están prófugos luego que el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó la recaptura contra los acusados de supuestamente malversar más de $14 millones de las tiendas penitenciarias para beneficios personales y hasta para financiar la tregua entre pandillas iniciada con el expresidente prófugo Mauricio Funes.
La decisión del referido tribunal deviene tras la revocación de las medidas por parte de la Cámara Tercera de lo Penal que dejó sin efecto las medidas alternas a la detención que el juzgado Sexto de Paz les otorgó a los imputados el 16 de septiembre.
Según la acusación, los exfuncionarios procesados habrían creado una red para desviar millones de dólares de las tiendas institucionales de los centros penales a través de la Asociación Yo Cambio (Asocambio). Tras las investigaciones realizadas, el ministerio público los acusa por delitos de peculado, actos arbitrarios, cohecho impropio y falsedad ideológica.
La Cámara anuló las medidas para 19 acusados, a excepción de Raúl López, exviceministro de Justicia y Seguridad quien tiene problemas de salud y para un imputado que nunca fue detenido, la orden de captura sigue activa.
Del total de los imputados, el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, y ocho exempleados de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) están en prisión luego entre el 2 y 7 de diciembre se entregaron ante los tribunales.
Los prófugos son: José Roberto Nóchez, exdirector jurídico del ministerio de Justicia: Orlando Elías Molina, exdirector interino de Centros Penales; Sergio Ernesto Chicas, exsubdirector jurídico del ministerio de Justicia, Luis Alonso Barrera, exdirector ejecutivo del ministerio de Justicia y Ramón Fernando Roque, exdirector interino de Centros Penales.
La Policía busca también arrestar a Flor de María Hernández, Daniel Antonio Saget; José Neftaly Batres y Héctor José Argumedo.
La representación fiscal detalla que se valieron de sus cargos para utilizar los fondos públicos con el fin de favorecer a la asociación.
Las pesquisas determinaron que los acusados lograron crear un mecanismo ilegal de administración de fondos de las tiendas penitenciarias, para beneficiar mediante compras diversas a Asocambio una especie de oenegé, entidad que ellos mismos dirigían.
En conferencia de prensa del pasado 9 de septiembre, el fiscal general, Rodolfo Delgado manifestó que los implicados encontraron en Asocambio «un mercado cautivo para hacerse de sus bienes», al necesitar de estos, ellos incrementaron de manera perversa poco a poco la cantidad de dinero que un reo podía manejar en el sistema penitenciario, con el objeto de generar más ganancias, las cuales no eran invertidas en la rehabilitación, sino que derivó en actividades de otra naturaleza.
«Este día, develamos una nueva forma de enriquecerse ilícitamente por parte de exfuncionarios del FMLN. Esto se aúna a las otras formas que ya conocemos de llevar dinero a sus bolsillos y no colocarlos en educación, salud y seguridad. Nunca les interesó arreglar los problemas sociales de El Salvador en la posguerra. Destinaron dinero de las tiendas penitenciarias para pagar su tregua mafiosa con grupos irregulares; ellos jugaron con la sangre del pueblo para sus beneficios personales», expresó ese día el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Para el caso de los exempleados de la ANDA, la Fiscalía los procesa porque en las investigaciones realizadas detectaron que recibieron pagos en concepto de horas extras que supuestamente no realizaron.
Los empleados de la autónoma eran pare de una cuadrilla que trabaja como parte de un convenio que ANDA y la Dirección de Centros Penales suscribieron para introducir agua potable y elaborar un sistema de aguas negras en el Penal de Izalco.