El Tribunal Segundo de Instrucción de San Salvador ordenó juicio para el exembajador de El Salvador en Honduras (2005-2009), Sigifredo Ochoa Pérez, quien junto al exministro consejero Walter Alfredo Anaya Escalante, son acusados de peculado (apropiación de fondos públicos).
«El juez dio a lugar la solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR) y admitió la prueba [contra] el señor Sigifredo Ochoa Pérez que consiste en documental, testimonial y pericial. En la resolución se dejó por establecido de que existen los elementos suficientes, necesarios y pertinentes para considerar que ha cometido el delito de peculado y realizó la sustracción de fondos del ministerio de Relaciones Exteriores», aseguró el fiscal del caso.
La fuente fiscal aclaró que en cuanto a la situación de Anaya Escalante dicho juzgado emitió un sobreseimiento definitivo; no obstante, advirtió que al tener el documento judicial lo analizarán para luego apelar esta decisión.
Según la acusación de la Fiscalía, Ochoa Pérez es señalado de apropiarse $41,000 los cuales fueron erogados por el Ministerio de Relaciones Exteriores; mientras que en el caso de Anaya Escalante [sobreseído] la suma fue de $59,840.
Una tercera persona de nacionalidad hondureña también resultó involucrada en estos hechos, ella es Soledad Funes de Ramírez señalada de apropiarse $6,000. En total, el monto por el cual son acusados suman más de $106,000 en concepto de arrendamiento.
De acuerdo con las investigaciones, las circunstancias bajo las cuales incurrió en el delito fue durante una suscripción de dos contratos de arrendamiento de los locales donde funcionaban las oficinas diplomáticas de El Salvador en Honduras, en 2005, cuando Ochoa Pérez era embajador.
Estas irregularidades fueron denunciadas en 2018 ante la Fiscalía por el embajador que sucedió a Ochoa Pérez y Anaya Escalante en 2016.
Estos señalamientos han sido negados por Ochoa Pérez, quien también fue diputado del partido ARENA en el período 2012-2015.
Durante el desarrollo de la audiencia preliminar, la Fiscalía sostuvo que el resultado de la prueba grafotécnica determinó que «la firma suscrita en los contratos fue puesta de puño y letra del señor Sigifredo Ochoa Pérez».