Jorge Castro tiene claro el rumbo y el trabajo de la comisión especial del congreso de la cual es presidente. Los integrantes de la comisión no tienen fecha para finiquitar el trabajo que les encomendó el pleno cuando juraron en el Salón Azul.
Por el contrario, reitera que serán más de 600 personas las que están por llamar como parte de las investigaciones. El trabajo de esta instancia legislativa ya salió del recinto legislativo. La comisión ha girado oficio a un tribunal de justicia capitalino pidiéndole la certificación de los documentos que son considerados claves en el proceso.
Otras diligencias también se están llevando a cabo en el sistema judicial. La comisión, en el marco de sus indagaciones, ya citó a los expresidentes de la república Alfredo Cristiani y Elías Antonio Saca. También han declarado sus secretarios privados, Arturo Tona y Élmer Charlaix, respectivamente.
Asimismo, comparecieron los exvicepresidentes de la república Carlos Quintanilla Schmidt y Ana Vilma de Escobar, quienes acompañaron la gestión de Francisco Flores y de Saca, respectivamente. ARENA tenía el Ejecutivo.
¿Cómo avanza el trabajo de la comisión especial?
La comisión lo que tiene es un mandato del pleno legislativo y un mandato del pueblo salvadoreño. Es una deuda histórica adquirida de más de 30 años la que estamos queriendo saldar. Queremos conocer la verdad, deducir responsabilidades. Estamos haciendo un análisis exhaustivo obteniendo diferentes elementos de juicio como prueba documental y testimonial. Las personas que no han participado directamente van a aportar elementos que nos pueden llevar a otras personas que sí participaron. La labor investigativa de la comisión está coordinada de manera integral.
¿Será grande el trabajo que viene?
Vamos a tener a diferentes personas. Estamos hablando de más de 600 personas que de alguna manera recibieron sobresueldos. El tema de los sobresueldos tiene un significado diferente dependiendo del campo donde usted lo haya ejecutado. Además, violentaba la ley de salarios y el principio de legalidad porque el presidente de la república no tiene las facultades de determinar salarios. Cada vez que indagamos vamos encontrando más y más casos. Nosotros tenemos documentos, declaraciones, videos de exfuncionarios reconociendo el pago. Tenemos un listado. Los verdaderos responsables no han pagado. Todos esos elementos que tenemos como comisión nos ayudan para ir determinando quiénes son. No solo recibieron sobresueldos, también hubo una continuidad de ello.
Estamos haciendo un análisis exhaustivo obteniendo diferentes elementos de juicio como prueba documental y testimonial
Jorge Castro, presidente de la Comisión Especial
¿Y cómo funcionaba este mecanismo?
En el Órgano Ejecutivo el presidente le decía a una persona «te quiero de ministro» y este le decía al presidente «en el campo privado yo gano tanto», pero el presidente le decía «no te preocupes, te voy a dar un sobresueldo». Ahora, cuando usted saca del Órgano Ejecutivo ese sobresueldo y lo ocupa para pagar a fiscales, estamos hablando de comprar impunidad. El dinero dado a la Sala de lo Constitucional y los magistrados de la Corte de Cuentas también es compra de impunidad. La compra de voluntades también se pasó a la Asamblea Legislativa con la compra de votos. El argumento de fortalecer la institución no es válido ni tiene sentido porque esta ya tiene un presupuesto por ley aprobado por la Asamblea. Ellos no entienden la ilegalidad que han cometido. Ellos le llamaban gobernabilidad. Los tanques de pensamiento tampoco se escapan de los sobresueldos. El afectado mayor con el pago de los sobresueldos ha sido el pueblo salvadoreño. Este dinero no llegó al pueblo. Ha sido un abuso total del erario.
¿Qué otras acciones ha tomado la comisión, más allá de los citatorios?
Hemos pedido al tribunal de justicia que conoció el caso del expresidente Elías Antonio Saca la certificación de los recibos originales firmados por los exfuncionarios que recibieron sobresueldos. Esta documentación no fue aceptada en el juicio. Haremos un análisis para ver si la remitimos al fiscal para que este inicie una indagación formal. Estamos también haciendo otras indagaciones en otros juzgados.
¿Y la declaración del expresidente Alfredo Cristiani?
Él llevaba un guion de sus abogados: «Yo todo lo hice legal y lícito». ¿Por qué él no decía no? Porque sabía que estaba mintiendo. Él no sabía que teníamos pruebas, y para protegerse y no cometer falsedad, solo decía «todo lo hice lícito y legal». Él no estaba afirmando ni negando. Él se estaba protegiendo. En los últimos seis meses de su gestión él se recetó 37 millones de colones de la partida secreta. ¿Para qué va a necesitar el dinero cuando ya va de salida? Él jamás iba a aceptar lo de los sobresueldos porque lo ponía en una situación complicada. Yo sí creo que lo aceptó. Hay un tema de responsabilidad, ya sea penal o civil.
¿Hablamos de la reforma legal que hace imprescriptible el delito de corrupción?
Ahora que viene esta reforma que se pretende y que viene amarrado a todo esto [de los sobresueldos], entonces allí hablamos de un campo totalmente diferente. Si esta reforma se aprueba, van a tener que responder penalmente. Si nosotros encontramos el modo en cómo todo esto operaba, nosotros podemos hacer el listado de las personas y remitirlo a la Fiscalía para que inicie el proceso ya aplicando la reforma. La operatividad también necesitamos indagar. Lo administrativo también. Todos los que tomaron sobresueldos están ahora nerviosos con esta reforma y por eso estamos viendo un esquema de resistencia hacia ella. Esto no es una persecución política de personas, se les está persiguiendo por los delitos que cometieron. Aquí el sistema de Probidad no ha funcionado. La contraloría tampoco.
¿Cuándo darán su informe al pleno?
El trabajo de la comisión no termina, pues vamos a llamar a más personas. Nosotros estamos pensando adelantar nuestro trabajo con la remisión a la Fiscalía de la certificación de los recibos originales que hemos solicitado al tribunal que conoció el caso del expresidente Antonio Saca. Estamos ya también avanzado en el trabajo interno de la comisión, es decir, el obtenido con las declaraciones de las personas citadas y la documentación que se nos ha proporcionado. En noviembre próximo creemos que podemos tener ya algo, pero no tenemos una fecha para rendir un informe final al pleno legislativo.
