A tres años de prisión y al pago de $100,000 dólares será condenado el exministro de Salud, Guillermo Maza Brizuela luego de confesar que cometieron delitos de corrupción en la reconstrucción y equipamiento de los hospitales Santa Gertrudis, en San Vicente, y San Pedro, en Usulután, por un monto de $5.1 millones, en el proyecto denominado Reconstrucción de Hospitales y Extensiones de Servicios de Salud (RHESSA).
El exfuncionario y los demás imputados eran acusados por estafa, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica y falsedad documental agravada y al igual que el Maza deben pagar con tres años de prisión reemplazados por trabajo de utilidad pública.
Al proceso abreviado [confesar el delito a cambio de penas menores] también se sometió: César Rolando García Herrera, Ricardo Alberto Barrera, José Ladislao López Paz, Manuel Eduardo Coronado Paíz, Juan Antonio Miranda Morales y Rolando Alberto Choriego Echeverría.
En el caso de Arturo Ernesto López Mejía y Guillermo Rafael Alfaro seguirán un juicio ordinario, mientras que Wilfredo Aponte Cuéllar se separó del proceso debido a que un peritaje del Instituto de Medicina Legal determinó que tiene demencia senil y se enfrentará a un proceso penal para incapaces.
El abogado defensor, Lisandro Quintanilla, informó que los imputados pagarán la responsabilidad civil con la entrega de inmuebles, dinero en efectivo.
«El Estado logra su derecho de castigar a ciudadanos que han cometido delitos, pero por otra parte también los procesados logran su libertad… Nos parece que ha sido un mecanismo razonable para salir de toda esta situación conflictiva», dijo el letrado.
Según la Fiscalía en la ejecución de la obra del Hospital San Pedro, lo estafado es de $4,090,052.80 y lo defraudado al hospital Santa Gertrudis es de $1,052,043.77.
Las irregularidades fueron detectadas en el proyecto Reconstrucción de Hospitales y Extensiones de Servicio de Salud (RHESSA).
A Guillermo Maza, la Fiscalía le atribuye haber autorizado el pago de $9,558,737.37 a la empresa C.P.K. Consultores, propiedad del prófugo Gerardo Enrique Osegueda Giné, debido a que la supervisora Asocio CHC-Norcontrol le confirmara que había un avance de la obra del 78.3 %. Pero una pericia dictaminó que solo se había ejecutado el 57 % del proyecto y que solo se debió pagar $5,981,586.10.