En el primer día de las audiencias periciales del caso «Masacres de El Mozote y lugares aledaños», la perito norteamericana Terry Lynn Karl presentó ayer un informe y confirmó la participación del Ejército en noviembre de 1981 en el exterminio.
La audiencia se llevó a cabo en un hotel del municipio de San Francisco Gotera, Morazán, ante el juez de Instrucción de Gotera, Jorge Guzmán. El objetivo era presentar a las partes las pruebas del caso de forma anticipada.
Entre las conclusiones a las que ha llegado Karl, tras su investigación y análisis, está que existe responsabilidad en el caso por parte de autoridades militares en Morazán, ya que «los oficiales, desde coroneles hasta subtenientes, trasladaron a sus tropas y dieron directamente las órdenes de matar a civiles desarmados».
Tendrían implicación directa el exministro Guillermo García y los oficiales, desde los jefes regionales hasta los del batallón Atlacatl, ya que fueron quienes trasladaron y cumplieron las órdenes de matar en El Mozote.
Entre los documentos presentados en la audiencia se encuentran archivos desclasificados de Estados Unidos y de la embajada de ese país en El Salvador, así como de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA), entrevistas hechas por Karl y documentos secretos o no divulgados anteriormente.
Según Karl, el Ejército hizo de Morazán el principal blanco de ataque, ya que consideraba que el FMLN podía ejecutar una formación de retaguardia territorial.
Concluye también que existió un encubrimiento de la masacre por parte de los gobiernos estadounidense y salvadoreño de los ochenta.
La audiencia con Karl finalizaría mañana, luego de un interrogatorio que harán las partes del caso con el objetivo de aclarar las pruebas presentadas.
Para el viernes se ha programado la audiencia pericial con Cléver Alberto Pino Banamú, quien es un perito militar peruano que brindaría un análisis del accionar de la Fuerza Armada en ese período.
Al inicio de la audiencia, Rodolfo Garay Pineda, defensor de uno de los militares acusados, pidió al juez Guzmán suspender la audiencia hasta conocer la resolución de la Corte sobre recusaciones, pero este decidió seguir con la audiencia.
