El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador juramentó este viernes a cuatro peritos que realizarán un análisis financiero contable que determine la forma y la utilización que hizo en el año 2018, la Asociación Yo Cambio (Asocambio) de los fondos provenientes de las tiendas institucionales de los centros penales.
Un fiscal informó que la pericia busca establecer la verdad real de los hechos y conocer si los exfuncionarios que tenían a su cargo la administración hicieron o no, uso indebido y arbitrario de los fondos y los beneficios personales que obtuvieron.
En esta causa penal, la Fiscalía General de La República acusó a 21 imputados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio y falsedad documental.
El caso fue iniciado en el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador el 14 de septiembre del año 2021, cuando se hizo la primera audiencia en contra de los exfuncionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
En el proceso hay 21 acusados, entre ellos figuran el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde; el exviceministro de esa secretaría de Estado, Raúl Antonio López; el exdirector general de Centros Penales, Marco Tulio Lima; José Roberto Nochez Melara, Sergio Ernesto Chicas Mejía, Luis Alonso Barrera Peñate, Orlando Elías Molina Ríos, Ramón Fernando Roque Mártir y José Luis Hércules Avalos.
También están acusados 12 empleados de ANDA, identificados como: José Neftaly Batres Serpas, Carlos Orlando Fernández, Flor de María Hernán Alfaro, Julio César Marinero Villalta, Daniel Antonio Saget Menjívar, Udiel Dagoberto Rivas Campos, Juan José Blanco Reyes, Cruz Roberto Guzmán, Heriberto Alcides Gómez, Héctor José Argumedo, Virginia Lilian Chevez Ayala y Juan José Rivas.
Los exfuncionarios habrían creado una red para desviar cerca de millones de dólares de las tiendas institucionales de los centros penales a través de la Asociación Yo Cambio. En las pesquisas de fiscales y policías, detectaron que se valieron de sus cargos para utilizar los fondos públicos y beneficiarse personalmente.
En la audiencia inicial, la Fiscalía señaló que desviaron $14 millones para obtener beneficios propios, hubo erogaciones para aumento de salarios de los integrantes de Asocambio y compra de vehículos.