El expresidente de CEL, José Leopoldo Samour Gómez, procesado por peculado y agrupaciones ilícitas, en el caso conocido como El Chaparral, solicitó a través de su defensa que se inaplique las reformas al Código Procesal Penal que faculta a los jueces enjuiciar a un imputado como reo ausente.
La misma petición fue presentada por los abogados de otros imputados al Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, que terminó suspendiendo la audiencia preliminar programada para el 6 de febrero en contra del expresidente Mauricio Funes y otros cinco imputados. Samour es prófugo desde enero de 2019 cuando el juzgado Noveno de Paz ordenó detención.
Tras recibir el escrito de inaplicabilidad de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa, el juez notificará a la Fiscalía, a los querellantes y demás abogados para que se pronuncie.
La pretensión de la defensa del prófugo Samour y otros imputados es que se inaplique la reforma del artículo 361 del Código Procesal Penal en donde se detalla que «la audiencia preliminar se realizará a pesar de la incomparecencia del imputado sin justa causa».
En el mismo artículo se agrega que «en caso de la negativa del procesado detenido para concurrir, se hará constar por la autoridad designada para estos efectos y el juez realizará la audiencia sin la presencia del
procesado», este apartado tiene que ver con aquellos imputados que estando recluidos en un penal se nieguen a ser trasladados para enfrentar audiencia preliminar.
Las modificaciones también habilitan a los jueces de sentencia a realizar vistas públicas y emitir veredictos condenatorios o absolutorios a imputados ausentes o prófugos.
En este expediente, la Fiscalía General de la República, acusa al expresidente Mauricio Funes de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas e instigador en el delito de peculado. También procesados Miguel Menéndez Avelar «Mecafé», por lavar dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado), cohecho activo y agrupaciones ilícitas.
El expresidente de CEL, José Leopoldo Samour Gómez, por peculado; Mario Federico Piagostini Maiochi, representante de Astaldi por cohecho activo (soborno); José Efraín Quinteros, por lavado de dinero; también enfrentan el delito de agrupaciones ilícitas, mientras que Ada Michel Guzmán Sigüenza, compañera de vida de Funes, será enjuiciada por lavado de dinero.
Los hechos tienen que ver con el favorecimiento que hubo hacia la empresa italiana Astaldi que recibió $108.5 millones en arreglo directo por finalizar el contrato llave en mano, de la construcción de la presa El Chaparral, por una obra al 29%. La Presa Hidroeléctrica El Chaparral, está siendo construida en San Luis La Reina, departamento de San Miguel. Ese arreglo causó un perjuicio económico de $45 millones, monto reclamado por CEL en concepto de responsabilidad civil.