Tras la constitución del jurado que sellará la suerte del exmandatario (2014-2022), la fiscalía y la defensa presentaron sus versiones antes de tomar declaración al primer testigo, un excontable de una planta arrocera que ya había testificado en los juicios del hermano del expresidente, Tony Hernández, y el socio de éste Geovanny Fuentes, ambos condenados a cadena perpetua.
El fiscal David Robles se dirigió al jurado, constituido mayoritariamente por personas con estudios superiores, advirtiéndoles que este se trata de un caso sobre «poder, corrupción y tráfico masivo de cocaína».
«Este poderoso político mantenía en público un discurso en el que decía que combatía el tráfico de droga y por la puerta de atrás se asociaba con los narcotraficantes» para proteger el envío de droga a Estados Unidos, recalcó, «abusando» del apoyo del ejército, la policía y la justicia, a cambio de «millones de dolares en sobornos».
El cartel mexicano de Sinaloa, de Joaquín «El Chapo» Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, contribuyó con «millones de dólares» a su cuestionada segunda campaña para la reelección en 2017, según la fiscalía neoyorquina.
Honduras, recordó el fiscal, es un lugar de paso fundamental para la droga que se produce en Sudamérica, sobre todo en Colombia, antes de transitar por México con destino final a territorio estadounidense.
La fiscalía acusa al abogado y político de 55 años, que se convirtió en el primer presidente reelecto desde el regreso de la democracia en 1981 por el Partido Nacional de Honduras, de haber protegido a una red que envió más de 500 toneladas de cocaína a Estados Unidos entre 2004 y 2022. Empezó cuando presidía el Congreso.
En específico se le señala de tres cargos: conspirar para traficar drogas y armas y posesión de armas. De ser hallado culpable de todas las acusaciones, podría ser condenado a cadena perpetua más 30 años, como Tony Hernández y Fuentes.
«Negocio lucrativo»
«Conseguir que esta cocaína entre y salga de Honduras es un negocio muy lucrativo», recordó el fiscal.
Pero la defensa le pidió al jurado que no se crea que todo lo que sostiene la fiscalía y mucho menos lo que puedan declarar los principales testigos, muchos condenados que van a recibir rebajas en sus penas por su colaboración y que actúan por «venganza» de la persona que selló su suerte.
Sobre todo, que se atengan a un hecho: cuando Hernández asumió la presidencia, Honduras era «la capital» mundial de los homicidios y el 87% de las drogas que llegaban a Estados Unidos pasaba por ese país centroamericano.
Eso disminuyó en un 50% y un 80%, respectivamente, durante su gobierno, que promovió «docenas de leyes» para luchar contra esta lacra, como la legislación contra el lavado de dinero o permitir la extradición -que ha facilitado el envío de 38 personas a Estados Unidos desde 2014 acusadas de narcotráfico-, según sus abogados.
También, continuaron, la creación de una fuerza especial en la policía para luchar contra el tráfico de estupefacientes, política que le valió incluso los elogios de Washington durante el gobierno de Donald Trump (2017-2021).
«No verán ningún video de recepción de dinero, ni correos electrónicos ni mensajes ni ninguna señal de riqueza personal» que confirme las acusaciones de la fiscalía, señaló su defensa.
Droga «en sus narices»
El primer testigo de la fiscalía, José Sánchez, que durante 15 años fue contable de la empresa Graneros Nacionales, situada cerca de Puerto Cortés, el principal muelle de Honduras, recordó haber visto al entonces mandatario y a Fuentes reunidos en dos ocasiones en la sede de dicha empresa para hablar de droga y de proteger a «quien la proporcionaba».
Repitió lo que había dicho en juicios previos, que el acusado le dijo a Fuentes: «Le vamos a meter la droga en sus narices (a los estadounidenses) y no se van a dar ni cuenta».
Aunque no está obligado a hacerlo, la defensa, en un intento de jugarse el todo por el todo, prevé que el expresidente suba al estrado.
«No hay obligación de tomar esta decisión ahora», aconsejó el juez Kevin Castel, que instruye el caso.
