Grupo Tomza es una empresa guatemalteca que sirve gas licuado a cinco países de Centroamérica y para 2015 decidió invertir en Nicaragua. En 2016 inició la construcción de una planta de gas en la ciudadela San Martín en el municipio de Tipitapa, sin embargo, tras finalizada la construcción en julio de ese año, el gobierno de Daniel Ortega decidió revocar los permisos y en noviembre de 2020 expropió la propiedad de la gasera, según un documento del Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias del departamento de Managua.
Fernando Carreón, el director de relaciones corporativas de Tomza Centroamérica, explica que la decisión del régimen les generó una pérdida de $4 millones, dejó sin empleo a más de mil personas, además provoca incertidumbre jurídica y desconfianza para todos los inversionistas extranjeros.
-¿Desde cuándo se establecieron en Nicaragua?
En el 2015 grupo Tomza de Guatemala decidió expandir sus operaciones en Nicaragua. Nosotros estamos en cinco países y este iba a ser el sexto. El gobierno de Nicaragua no dio permisos, nos autorizó permisos de operación, sin embargo, desde el 2016 a la fecha estuvo resguardada por la Procuraduría General de la Nación en Nicaragua y dejamos pasar el tiempo buscando la forma legal para operar. Sin embargo, en el 2020 no nos dimos cuenta ni nada y como está resguardado, llegan y nos expropian.
¿Cómo se les saca del negocio?
Tenemos todos los permisos por el Ministerio del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Marena), la municipalidad, por todo mundo, ya cuando estábamos terminando la operación de construir, con personal adentro en construcción con personal en capacitación, lista para iniciar la operación de la empresa llegó la PGN y nos sacó el 7 de julio de 2016, nos mandaron una resolución revocando los permisos. Queremos acceder al expediente, y por ser una propiedad expropiada por el gobierno ya no nos dan acceso a él y estamos buscando el proceso legal para demandar que se nos regrese la propiedad.
Nos trae mucha incertidumbre jurídica, donde está el respeto de libre competencia, existen otras empresas operando y ¿por qué nosotros? ¿Cuál es la intención?, y nosotros queremos operar como estamos en todos los países. Es bueno para el pueblo que exista la competencia, porque le da opciones a la gente. Pero llegaron y nos expropiaron y hasta hace un mes llegaron y pintaron el portón de color verde, que son los colores de Petronic, la empresa que opera el gobierno de Nicaragua.
¿Cuál fue la excusa para el cierre de la planta en 2016?
Hubo una revocación del permiso argumentando que los tanques entraron sin permisos, pero está el comprobante de la Aduana, y cómo vamos a meter unos tanques de 20,000 y 30,000 galones enormes al país sino es por medio de aduanas y teníamos los permisos.
No nos avisaron nada y ellos justifican que el país necesita ampliar su distribución de gas y que por eso la están expropiando con eso lo justifican.
En ese momento trabajaban 85 personas en terminar la planta y otros en capacitación. Estábamos por contratar alrededor de 100 personas más.
¿De cuánto fue la inversión inicial?
$4 millones e iba a generar empleos alrededor de 220 personas directas, más de 1,000 indirectos integrados por gente que distribuye en sus tiendas y hace negocio adicional, era una oportunidad nueva de negocio, pero no sabemos nada de la idea de no dejarnos operar, no permitirnos el ingreso al país lo veo como una amenaza de competencia.
¿Qué empresa está ahora en sus instalaciones?
Petronic que es la empresa de gas licuado del Gobierno de Nicaragua. Lo vieron como una competencia y dijeron: “si te autorizo porque tengo que autorizarte como acuerdos comerciales entre países”, promover la inversión extranjera, la generación de empleos, pero a la hora que estamos adentro nos quitan todo.
Los tanques ingresaron legalmente y tenemos el comprobante de impuesto, de Aduanas, de todo está. Ya estando adentro nos dijeron que no estábamos autorizados para operar así de la nada, nos revocaron el permiso. La autoridad tiene todo el derecho, pero nosotros lo vimos como mal el hecho de que si nos permitieron construir y ya cuando la terminas te la quito.
Dijeron, que nos hagan el trabajo y luego solo nos aprovechamos de eso. Así lo vemos todo 100%, te autorizo, te la quito y luego la opero yo.
¿Qué mensaje arroja esa acción del gobierno de Nicaragua?
La duda que genera esta acción tanto a la empresa como a la comunidad de empresarios internacionales es cuál será el interés del Gobierno o cuál de las otras empresas gaseras están interesadas
En la resolución de la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones se lee que la expropiación se debe a abandono, ¿por qué se basan en eso?
Está abandonado porque no nos dieron los permisos, nos revocan los permisos en 2016 y seguimos haciendo el intento año con año para que nos dejen operar. Hubo intentos de negociación, pero no avanzaron y dijimos hay la vamos a dejar esperando hasta que nos den el permiso y de repente llegan y nos la expropian, por eso justifican que está abandonada, como que si fuera una práctica normal de estrategia: te doy el permiso, luego te lo quito cuando construyes y luego cuando estés adentro te recojo la propiedad y como está abandonada la voy a operar porque el país lo necesita.
La expropiación ya quedó en firme en noviembre de 2020 ¿Tomza apelará la decisión ante tribunales internacionales?
Nos ha dejado sin esa inversión, sin embargo, existe un proceso de amparo para que nos regresen la propiedad. Como no fuimos notificados ya se inició el proceso y estamos a la espera de qué sigue.
Nosotros somos una empresa guatemalteca que está invirtiendo en Nicaragua y se están viendo afectados los intereses de una empresa guatemalteca. Las pérdidas son de $4 millones. No tenemos mayores datos del proceso, no tenemos acceso al expediente cuando te expropian una propiedad en Nicaragua no te dan acceso a los archivos legales.
