A 22 años de prisión fueron condenados dos pandilleros que asesinaron a una pequeña comerciante que se negó a pagarles la extorsión que le habían impuesto en Izalco, Sonsonate.
En la vista pública que desarrolló el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate, la Fiscalía General de la República logró presentar pruebas en contra de Carlos Geovany Castillo Palma y Nelson Ernesto Pacheco Bolaños, quienes fueron encontrados responsables de haber asesinado a María Magdalena Hernández López.
Los dos miembros de la Pandilla 18 habían impuesto a la víctima una cuota de $50 mensuales en concepto de extorsión, pero al negarse a cancelar el dinero, planificaron asesinarla, se conoció en la vista pública.
Según el informe del ministerio público, el 17 de enero del año 2018 a eso de las 5:50 de la mañana, Pacheco Bolaños y Palma, junto con otros pandilleros se fueron a buscar a Hernández López, quien tenía una tienda en el cantón Piedras Pachas, al oriente del municipio de Izalco.
Los mareros al llegar al lugar tocaron la puerta de la tienda y cuando la víctima abrió, le asestaron varios disparos hasta asegurarse que estaba muerta.
«La Fiscalía General de la República logró hacer justicia para María Magdalena Hernández López, una pequeña comerciante que fue asesinada por pandilleros, al rehusarse a pagarles la mal denominada renta o extorsión», mencionó el representante de la Fiscalía luego de la condena.
El fiscal agregó que con la abundante prueba incorporada al expediente logró destruir la presunción de inocencia de los dos pandilleros, durante el juicio el tribunal valoró de una forma íntegra los testimonios, documentos y pericias.
Los imputados fueron identificados por testigos como los que llegaron a la tienda a asesinar a la víctima, hubo reconocimientos y otras pesquisas que los ubicó en la escena.
Investigadores de la Policía Nacional Civil que tuvieron a cargo las indagaciones declararon en el tribunal y manifestaron la forma en que lograron identificar a los homicidas.
Además, se determinó que el móvil fue porque la propietaria de la tienda no accedió a sus pretensiones y la consideraron como una persona que estaba en contra de la pandilla.
En el cantón Piedras Pachas, los mareros condenados desde hace varios años habían estado cometiendo una serie de hechos delictivos, entre ellos extorsiones y amenazando a quienes se negaban a pagar la extorsión.
En la zona eran reconocidos delincuentes que nadie se había atrevido a denunciarlos ya que tenían coaccionada a la gente. Imponían extorsión a tiendas, transportistas y a distribuidores de mercadería en camiones.
A sus víctimas les habían dicho que si llegaban a denunciarlos ante la Policía Nacional Civil, iban atentar en su contra, sus empleados y familiares.