Hace unos días, un tanque de pensamiento –The Wilson Center–, anunció un conversatorio donde se hablaría del #28F y de si la democracia en El Salvador estaría en detrimento.
Acá, en Estados Unidos, hay una frase que apela al juego limpio: «Fair play». Pero cuando leí que los panelistas serían de Fusades, Claudia Umaña; de la empresa privada, Francisco De Sola; del FMLN, Rubén Zamora; por el periodismo independiente, Sarah Maslin; y la exembajadora de EUA, conocida por sus lazos con las grandes familias de poder en el país, Mari Carmen Aponte, me pareció que debíamos de lograr que la voz oficial del 96 % de la población salvadoreña estuviera presente, y pedí ser ponente.
Tuve un espacio de seis minutos para exponer lo que en año y medio se ha hecho en materia de seguridad y que en 30 años nunca se hizo.
«El gobierno del presidente Bukele implementó el Plan Control Territorial, que tiene como objetivo disminuir la violencia en El Salvador y brindar seguridad a sus ciudadanos. Un gobierno controla su territorio cuando construye una escuela. Un gobierno controla su territorio cuando brinda un sistema de salud de calidad a sus ciudadanos».
A la vez, expliqué cómo la falsa gobernabilidad se había producido bajo la compra de voluntades en la Asamblea Legislativa.
«Todos aquí saben que el modelo anterior de gobierno consistía en que el Poder Ejecutivo simplemente sobornaba al Poder Legislativo por medio de tratos oscuros utilizando partidas secretas. Esta forma ilegal y corrupta de comprar y vender influencias se acabó».
También les recordé que todavía era diputada de la Asamblea Legislativa y que, aún siendo de un partido distinto al del presidente, siempre traté de hacer lo justo y lo correcto.
«Renuncié al anterior instituto político del que era miembro debido a la clara y sistémica corrupción que luego llegué a conocer, que era endémica en el partido. Sufrí 43 episodios de violencia política y nunca encontré ayuda».
Aproveché para condenar el intento de golpe legislativo al presidente Bukele.
«Considerando que el panel de discusión se trata sobre los riesgos para la democracia en El Salvador, creo que es importante examinar los hechos realizados contra el presidente de El Salvador, legítimamente electo, el pasado 9 de febrero en la sesión plenaria, por recomendación del expresidente Mauricio Funes y por los partidos de oposición ARENA, FMLN y PDC».
A la vez recalqué que la oposición está desesperada por la inminente derrota de su modelo obsoleto para hacer política y que se resiste al cambio.
«Esta acción se tomó contra un presidente que se ha ganado una amplia popularidad entre la mayoría de los salvadoreños, y apenas unas semanas antes de una elección nacional».
Los principios de la democracia occidental exigen la condena de esta acción por parte de los aliados de El Salvador en el hemisferio, en todo el mundo y de los miembros de este panel.
Para cerrar le conté, a la selecta audiencia de Wilson Center, cómo anteriores gobiernos expulsaron a nuestra diáspora.
«Durante los últimos 30 años, nuestra diáspora se estableció aquí en Estados Unidos, en Canadá y en otros países. Sus miembros han enviado cerca de $100,000 millones en remesas a El Salvador».
No es de extrañar el porqué el presidente Bukele disfruta de índices de aprobación tan altos tanto en el país como en el extranjero. Para los cínicos que pueden descartar las cifras de aprobación como artificiales, animaría a cualquiera que viva en Washington, en la ciudad de Nueva York, en Los Ángeles o Houston, a que le pregunte a un salvadoreño qué piensa del presidente Bukele.