Fallo que favorece a Sigfrido Reyes es inaceptable, según organizaciones

Para organizaciones que trabajan en el combate a la corrupción en El Salvador la suspensión del juicio civil contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, por enriquecimiento ilícito, es inaceptable.

«Me parece una mala resolución y un mal mensaje en la lucha contra la corrupción. Retrasar el juicio levanta sospechas. Estos casos, por lo emblemático, merecen celeridad y ser tratados con transparencia», dijo el director de Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Roberto Rubio.

El jueves, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó suspender el proceso contra Reyes tras aceptar un amparo. El exfuncionario fue señalado indicios de enriquecimiento ilícito tras no poder justificar, inicialmente, $373,183.09 en sus ingresos mientras ejerció el cargo de diputado propietario desde 2006 hasta el 2015.

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, explicó que «habría que ver (en la resolución) que no haya infracción en el proceso que se convierta en afectación a derecho. Es decir, sí hay algún indicio que se haya cometido en el procedimiento que implique una afectación al derecho constitucional de él, pero eso no quita que haya señalamientos en su contra por alguna irregularidad en su gestión».

Rubio también aclaró que le parece «excesivo» que la defensa de Reyes piense en pedir nulidad del proceso penal y de extinción de dominio «cuando hay bastantes evidencias de posibles indicios de corrupción».

El director de Funde se remitió a las pruebas que han salido y que «por algo este caso ha avanzado en el sistema de justicia, sino no avanzaría. El mensaje es malo porque si se suspende y no prosigue sería un pésimo mensaje donde los casos de corrupción quedan impunes».

«Vamos a esperar que resuelva porque hay que aclarar que no es una resolución definitiva porque la Sala puede revisar una petición de la FGR o de otra instancia que esté involucrada en el proceso, puede revisar la medida cautelar que se admitió de suspender el juicio, mientras tramita el proceso de amparo y que puede concluir en una sentencia no favorable para Reyes», añadió Escobar.

El director de Acción Ciudadana aclaró que más allá de la resolución de la Sala, «sin duda el Estado en general está obligado a investigar y llevar a juicio a todo funcionario que esté involucrado en el mal manejo de fondos públicos y luego resarcir los daños que ocasionaron al Estado.» No obstante, «debe enfrentar la justicia y ser sancionado», aseguró.