Alrededor de siete supuestos ingenieros utilizaron falsos títulos universitarios para luego asociarse con una empresa colombiana, que a su vez fue «fachada» para ganar la millonaria licitación de la construcción del tramo III del «bypass» de La Libertad, según lo denunció el Ministerio de Obras Públicas.
Autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) indicaron que dos de esos supuestos ingenieros civiles se encuentran en proceso judicial acusados de los delitos de ejercicio ilegal de profesión y uso y tenencia de documentos falsos.
Estos falsos ingenieros han sido identificados como Óscar Pacheco Estrada, de 64 años, quien tiene un proceso judicial en el Juzgado Noveno de Instrucción, y Carlos Roberto Morales Rovira, quien es procesado en el Juzgado Primero de Instrucción de San Salvador.
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Pacheco Estrada fue detenido el 21 mayo por la mañana en la residencial Bosques de La Paz, en Ilopango, mientras que Morales Rovira fue capturado el 7 de julio. Por el momento, ambos implicados continúan el proceso en libertad, confirmaron fuentes fiscales.
«Aparte de los dos supuestos ingenieros que ya se han identificado, hay otros cinco. Por el momento, la Fiscalía está haciendo todo un mecanismo de revisión para identificar al resto», denunció el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Según el ministro, las investigaciones de la Fiscalía señalan que en la construcción del tramo III, aparte de la contratación de los falsos ingenieros, también se encontraron ciertas irregularidades que el exministro de Obras Públicas Eliud Ayala habría ejecutado para facilitar la concesión de la obra a la empresa colombiana Concrescol y a la salvadoreña Eben-Ezer.
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«Diario El Salvador» buscó a los representantes de Concrescol en el país, por teléfono y en sus oficinas en la colonia Escalón, donde compartían ambas firmas, pero el local está cerrado. Solo se encontraron recibos de energía y agua tirados detrás de la puerta. Una persona contó que, desde abril, esa oficina fue abandonada.
UN PROCESO HECHO A LA MEDIDA
«Las empresas Concrescol y Eben-Ezer entraron en el proceso de licitación en junio de 2017. Lo que nos parece un poco extraño es que dentro de las bases de licitación dejan que se evalúe únicamente una de las empresas, la empresa más fuerte; independientemente de que haya asocio entre diferentes empresas, decidieron hacer una sola evaluación para la empresa que, digamos, tenía la mayor cantidad de recursos; en este caso, la colombiana», señaló el ministro.
Agregó que el asocio Concrescol y Eben-Ezer, según los datos obtenidos por la investigación, ofertó el menor precio. «Cuando uno revisa, [descubre que] la empresa salvadoreña no cumplía ni legalmente, ni técnicamente, ni financieramente, en especial, financiera y técnicamente. No cumplía con los requisitos mínimos para este tipo de construcción. ¿Por qué no cumplía? Porque la empresa no tenía la capacidad para ejecutar este tipo de obras ni tampoco la experiencia de realizar obras de esta envergadura», detalló el funcionario.
El ministro explicó que el «by-pass» de La Libertad está compuesto por tres tramos y que es un proyecto de cerca de $57 millones en inversión, que abarca 6.5 kilómetros de carretera a cuatro carriles desde el sector de La Danta, en la carretera al puerto de La Libertad, hasta empalmar con la carretera del Litoral, entre las playas Conchalío y San Blas, y que cuando ellos tomaron el Ministerio de Obras Públicas, el proyecto, en total, tenía un retraso del 72 %.
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«El segmento tres, que era el más fácil, ya tenía que estar finalizado cuando nosotros ingresamos; sin embargo, solo tenían un avance del 18 %. Estaba superretrasado. Y esa fue otra de las anomalías encontradas, que luego de adjudicarse la obra del tramo III, en diciembre de 2017, la empresa tenía seis meses para diseño y 12 meses para construir el proyecto, justamente ya en febrero de 2018; es decir, casi dos meses después de que se inició el proyecto, ya el administrador del contrato le estaba pidiendo al exministro de Obras Públicas Eliud Ayala que caducara el contrato del proyecto, porque sabían que la empresa no estaba trabajando, ni siquiera estaba diseñando», detalló Rodríguez.
Según el ministro, la empresa colombiana nunca vino al país a realizar ningún trabajo. «Desde ahí estaban incumpliendo el contrato, por eso es que se decidió solicitar la caducidad, y el exministro de Obras Públicas Eliud Ayala hizo caso omiso de eso», señaló.
Según la investigación de la FGR, tras un año de adjudicada la construcción y a pesar de que las empresas encargadas no habían terminado el diseño, el exministro de Obras Públicas entregó un anticipo de $5 millones en lugar de rescindir el contrato y caducar la obra.
«Una obra de construcción que iba a durar un año y medio la iban a terminar en seis meses, si ni siquiera el diseño habían logrado terminar, mucho menos la obra de construcción, pero aun así se le entregó el dinero, incumpliendo todo el contrato, todo lo que pedían los técnicos del ministerio. Yo creo que el trato ya estaba hablado entre ambas partes. Obviamente será la Fiscalía la que determine, pero claramente se ve que las bases y la calificación se adecuaron para que el asocio colombiano-salvadoreño ganara el contrato de la obra», enfatizó el ministro.
«Diario El Salvador» buscó al exministro de Obras Públicas Eliud Ayala, por medio de la sede del FMLN y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Salvador, donde por años impartió clases; sin embargo, no se pudo obtener un contacto para entrevistarlo y obtener su versión con respecto al caso.
El 19 de septiembre de 2019, el exministro Ayala manifestó, mediante un video publicado en Twitter en la cuenta @HipsterDup, que fueron ellos quienes pidieron las auditorías del proyecto y que en ninguna fueron señaladas irregularidades por parte de los titulares.
«En relación con las auditorías de la Corte de Cuentas, nosotros consideramos que era mucho más transparente, más correcto, más adecuado que las auditorías se hicieran de manera paralela, y por ello pedimos a la Corte de Cuentas que desde el inicio del proyecto ya nos auditara el proyecto», detalla Ayala.
Con respecto a las acusacione del actual ministro de Obras Públicas, Ayala explica en ese video que las observaciones realizadas por la Corte de Cuentas fueron de tipo administrativas, no para con los titulares del proyecto.
«Quiero decir que sobre esto ya existe un documento que ha sido mencionado, precisamente que es el resultado de esa auditoría, y esta muestra señalamientos que son del tipo administrativo y observaciones que llevan un proceso, que también va a ser explicado, pero también hay algo que creo que es importante que la ciudadanía sepa: en estos resultados no aparecen observaciones hacia los titulares, es decir, que nosotros no hemos sido observados por la Corte de Cuentas», se defiende el exfuncionario.
El costo total del tercer tramo del «by-pass» será de $13 millones, y no de $17 millones, como lo había adjudicado inicialmente la administración anterior.