«Me dijo que le pasara comida y yo sin dinero, sin trabajo y sin apoyo», dice el familiar de un reo. Y es que hasta $80 por mes gastan las familias salvadoreñas en su pariente encarcelado, ya sea en gastos de transporte, ropa, tienda y alimentos no perecederos, ese es uno de los datos que reveló el informe sobre «Familias de personas privadas de libertad en el contexto de pandemia».
El informe, que se desarrolló con una muestra de 708 parientes de reos, determinó que las familias invierten entre $6 y $10 en transporte para visitar a la persona encarcelada, ya que muchas veces esta se encuentra en un centro penal lejos de su residencia, por lo que las familias deben viajar a otro departamento.
«El gasto de transporte se ve incrementado a partir de la distancia en la que se encuentre la persona privada de libertad, muchas veces los traslados hacia municipios distantes originan un mayor gasto para financiarse los viajes, surgen otros gastos como alimentación e inclusive alojamiento, sumado a los peligros que implica ir a territorios que desconoce», se lee en el informe elaborado por Azul Originario (AZO).
Además, los parientes deben invertir entre $16 a $30 en ropa y entre $26 y $50 en depósitos para comprar en tiendas penitenciarias. «No siempre las personas depositan estas cantidades de manera mensual, algunas personas dependiendo de su situación económica establecen cuándo podrán hacer este depósito», explica el documento.
Los reos reciben una alimentación «balanceada y conveniente preparada que debe ser la necesaria para el mantenimiento de la salud», como establece el Reglamento General de la Ley Penitenciaria. Sin embargo, sumado a los gastos anteriores, las familias deciden comprar en paquetes de alimentos no perecederos.
El reporte elaborado por AZO detalla que las familias de reos gastan entre $1 a $25 en paquetes de alimentos. «En el contexto de la pandemia se dio apertura para que las personas pudieran enviar insumos higiénicos para celdas comunes, lo que hizo que los costos sobrepasaran».
Otro gasto común en el que incurren las familias es en kit de limpieza con al menos $25 a $50; estos paquetes incluyen cepillo dental, pasta dental, camisetas, toallas, ropa interior, entre otros productos.
Un gasto que repercute en la pobreza
Acceder a los servicios básicos y a la calidad de los mismos es difícil dentro de los centros penitenciarios ya que suele depender de la posibilidad financiera que tengan las familias de las personas privadas de libertad puesto que ellos deben proporcionar ciertos productos, concluye el informe.
«Sentí que mi mundo todo se venía encima al saber que él estaba condenado a muchos años y saber que no tengo un trabajo estable para no poderle ayudar a él y para ayudarme a mí misma», contó la esposa de un interno.
Los gastos que realizan las familias de parientes encarcelados repercuten directamente en su economía y agudizan la situación de pobreza en la que viven. Los datos recabados establecen que los ingresos de un 35% de las personas encuestadas se ubican debajo del costo de la canasta básica de $209.33.
Además de las repercusiones económicas, los parientes de los reos experimentan aspectos psicosociales como el sentimiento de incertidumbre y tristeza en todo el proceso por el desconocimiento.
«El perfil de las familias que tienen alguna persona privada de libertad, presentan condiciones de precariedad y, por tanto, privaciones a los servicios básicos, bajo nivel de escolaridad y una vida en condiciones no dignificantes para el ser humano», dice el informe.
En las cárceles salvadoreñas guardan prisión 36,691 personas, entre condenados y procesados, de los cuales 20,000 reos no pertenecen a ninguna estructura pandilleril, según autoridades de Seguridad.
Reos producen su alimento
El director general de Centros Penales, Osiris Luna, dijo este mes que entre 3,000 a 4,000 reos están trabajando en las granjas penitenciarias donde se han montado al menos 37 viveros. Esta acción está enmarcada en el programa Centros Penales Autosostenibles, que busca generar «un significativo ahorro al Estado en cuanto a la alimentación de los privados de libertad».
«Vamos a utilizar cada una de las Granjas Penitenciarias, para que los privados de libertad, elaboren cocinen y consuman sus propios alimentos», explicó Luna.
El Estado invierte millones para alimentar a los reclusos; para el 2018 fueron 26.8 millones de dólares en alimentos; y para el 2019 fueron $23.1 millones.