Cuatro años después de las protestas contra Ortega en Nicaragua, familias de las víctimas pidieron ayer justicia para los cientos de personas muertas en dicho combate.
En 2018, manifestaciones masivas contra una reforma al sistema de salud se extendieron hacia el propio Gobierno. Hubo barricadas y choques con la Policía.
El país se paralizó por cinco meses y las protestas fueron reprimidas con un saldo de 355 muertos y más de 100,000 exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Sumergido en una crisis política desde entonces, el Gobierno ha ilegalizado a partidos opositores, a ONG e incluso a universidades privadas donde se gestaron manifestaciones. No hay medios de comunicación impresos independientes porque han sido clausurados. Las entidades del Estado están controladas por representantes del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
