El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, finalizó este viernes la audiencia preliminar del caso conocido como «Saqueo Público», en contra de 11 personas vinculados al expresidente de la República Mauricio Funes. Los imputados son acusados por la Fiscalía de lavado de dinero, peculado (apropiarse de bienes del Estado) y casos especiales de lavado de dinero.
La audiencia comenzó el 28 de febrero de 2022 y culminó dos meses y 15 días después. Uno de los fiscales dijo que han probado con más de 2,500 elementos documentales, 114 testigos, pericias financieras contables tributarias y 21 asistencias internacionales, la participación que tuvieron los acusados en los hechos.
«Hemos presentado pericias financieras contables, tributarias, pericias sobre la normativa contra el lavado de activos y otras del proceso mediante el cual los procesados deciden apropiarse de fondos públicos que fueron asignados a Casa Presidencial específicamente al rubro de gastos reservados» explicó el fiscal.
El representante del ministerio público destacó la pericia publicada el pasado lunes por Diario El Salvador, donde se revela que durante el mandato presidencial de Funes vía presupuesto de la nación se asignaron $80,818,285 para gastos reservados, pero Funes vía refuerzo presupuestario incremento esa cantidad en más del 300% equivalente a más de $270,217,115.49 y que al final lo llevó a una apropiación de $351,035,400.49.
«Ese dinero llegó a gastos reservados de Presidencia de la República y cuanto está ahí deciden trasladarlo para lo cual crean cuentas a nombre de personas particulares en el Banco Hipotecario, específicamente del señor Francisco Rodríguez Arteaga y Pablo Gómez quienes movieron ese dinero a través de cheques bajo una completa violación a la normativa administrativa que establece la forma de manejo de los fondos públicos», sostuvo el fiscal.
Jorge Alfredo Rodríguez Mendoza, se sometió a un procedimiento abreviado por casos especiales de encubrimiento. Ese delito la pena es de cuatro años y la ley establece que la Fiscalía puede pedir hasta la tercera parte que es un año y tres meses.
El imputado fue el encargado de la elaboración de un contrato simulado para que Mauricio Funes pudiera intentar responder a los reparos de la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia y justificar que $250,00 los había obtenido mediante un préstamo lo cual no fue cierto.