Voces de la oposición política siguen enviando mensajes de respaldo para los miles de pandilleros que han sido detenidos por las fuerzas de seguridad pública en aras de recuperar los territorios afectados por la violencia.
Óscar Santamaría y Nidia Díaz, firmantes de los Acuerdos de Paz de 1992 en representación del Ejecutivo y de la guerrilla del FMLN, respectivamente, coinciden en pedir mejores condiciones para los pandilleros recluidos.
Santamaría afirmó que negar los supuestos logros de los Acuerdos de Paz no forma parte de una verdadera cultura de paz en la actualidad.
Sin embargo, los logros a los que hace referencia fueron el reparto de cuotas de poder y el manejo de instituciones a favor de ARENA y del posterior partido político FMLN.
Una consecuencia de esa distribución de privilegios fue que las pandillas en El Salvador tuvieron un auge que impidió detenerlas, principalmente con políticas públicas poco eficaces.
«[Los Acuerdos de Paz] fueron una iniciativa del Gobierno de El Salvador. A Alfredo Cristiani se le nombró el presidente de la paz y no se puede ignorar la historia, decir eso es ausencia de cultura de paz», argumentó Santamaría.
Por su parte, Nidia Díaz sostuvo que los «supuestos pandilleros» capturados «no tienen nada que ver», en alusión a los más de 10,000 integrantes de las pandillas que han sido aprehendidos por las autoridades.
Díaz afirmó que endurecer medidas en las cárceles «limita» a los pandilleros, y calificó las decisiones de racionar la alimentación y restringir la salida de las celdas como «castigos».
La exdiputada del FMLN pidió a la comunidad internacional «acompañar» a El Salvador ante el régimen de excepción decretado.
En 2012, la Organización de Estados Americanos (OEA) «acompañó» al Gobierno del expresidente Mauricio Funes en la tregua con las pandillas, y fue el ex secretario general José Miguel Insulza afirmó que esta medida podía replicarse en otros países que tuvieran este conflicto.
La tregua entre el Ejecutivo y las tres principales pandillas incluyó la reducción de los homicidios a cambio de beneficios carcelarios y de limitar la operatividad policial en el territorio.
Producto de esa tregua, el Gobierno de Funes consiguió una cifra de 41 homicidios diarios durante 2012, y de 40 en 2013. Cuando los acuerdos se suspendieron, la cifra de asesinatos se elevó a 60 por día en 2014.
Durante el 25, 26 y 27 de marzo de este año, El Salvador sufrió un repunte de hechos violentos que superó la barrera de las 75 muertes en los tres días.
En un trabajo articulado entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se decretó un régimen de excepción por 30 días, para dotar de las herramientas legales a las autoridades y detener la escalada de la violencia.
Actualmente, las autoridades han completado la etapa de recuperación de los territorios, y más de 10,000 pandilleros enfrentan procesos judiciales con la posibilidad de recibir condenas de hasta 45 años de prisión por formar parte de grupos criminales.