En «este poco tiempo ya hemos logrado reunir cuatro (…) cuadernos de investigación donde se encuentran todos los indicios y algunas pruebas ya materiales que hemos logrado recolectar», declaró la fiscal Sandra Gutiérrez.
Sin embargo, la responsable del ministerio público del departamento de Tarija (sur) dijo que «oportunamente» dará a conocer si emite una orden de aprehensión contra Morales, quien ha tildado el proceso como una «mentira más» orquestada por el gobierno de su exministro y hoy adversario Luis Arce.
«No se está investigando aquí a cualquier persona: se está investigando a un expresidente que obviamente, como él mismo lo dijo, tiene más de 200 abogados», indicó Gutiérrez.
Morales, el primer indígena que gobernó Bolivia entre 2006 y 2019, enfrenta desde septiembre un proceso por estupro, trata y tráfico de personas.
Según su versión, el caso fue reabierto como parte de «una persecución judicial» del gobierno para impedir que sea el candidato presidencial de la izquierda oficialista en 2025.
La fiscal de Tarija ya había ordenado su aprehensión el pasado 26 de septiembre, pero la disposición fue anulada por la justicia que acogió un recurso judicial a favor del líder indígena.
A raíz del proceso penal, sus seguidores protestan desde hace 17 días con bloqueos viales que han derivado en choques con la policía que han causado 43 heridos – la gran mayoría uniformados- y la detención de 50 manifestantes.
Además del expresidente, la fiscalía investiga a los padres de las víctimas por haber obtenido «beneficios» cuando inscribieron a su hija en la «guardia juvenil» de Morales, de acuerdo con la resolución judicial que sustento la anulada orden de aprehensión.
El padre fue aprehendido a mediados de mes y un juez dictó cárcel preventiva por cuatro meses.