En el primer gobierno del FMLN los pandilleros pactaron una tregua de no agresión entre ellos, todo con aval del gobierno de Mauricio Funes, lo que permitió que se fortalecieran.
Las cifras indican que de un grueso de 20,000 pandilleros en 2012, tras la tregua y los dos gobiernos del FMLN, estos grupos terroristas llegaron a superar los 75,000 miembros, según lo confirman datos del ministerio de Seguridad.
«La tregua se desarrolló durante su administración y en la cual existió un pacto [entre criminales] de no persecución en contra de los delincuentes, obviamente, a cambio de beneficios y que disgrazaron como una política social cuando en realidad lo que se trataba era de hacerse de la vista ‘gorda’ de todas las acciones criminales que estaba realizando estos delincuentes y que permitió un mayor nivel de organización de estos grupos», comentó el fiscal.
A propósito, la Fiscalía General de la República (FGR) ha retomado ante los tribunales correspondientes el proceso judicial en contra del expresidente por el FMLN, Mauricio Funes, por negociar con pandilleros la reducción de homicidios a cambio de beneficios carcelarios, así como su implicación en el caso de corrupción en la construcción de la presa El Chaparral.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, explicó durante la entrevista Diálogo de Canal 21 que si bien Funes, al igual que otros exfuncionarios señalados, fueron acusados ante los respectivos tribunales, no obstante, por su calidad de ausentes estos proceso no tuvieron el avance que se hubiese esperado. Sin embargo, aseguró que las reformas a la normativa judicial les permitirán procesar a los señalados, independientemente si tienen calidad de ausentes, rebeldes, etc.
«Habían algunas personas vinculadas a la administración de Mauricio Funes, pero muchos de esos casos habían quedado archivados a nivel judicial, es decir, se presentaron las acusaciones, pero como estas personas no estaban detenidas ni vinculadas al proceso [por el hecho de estar ausentes] los casos se detenían en esa etapa; pero con las reformas que se aprobaron, principalmente, a personas declaradas rebeldes o ausentes es que se comienzan a sacar todos esos casos que tienen llevarse a las audiencias hasta que lleguen a una sentencia», explicó Delgado.
Caso El Chaparral
El funcionario agregó que para la primera quincena de noviembre se tiene programada una audiencia por el caso de la construcción de la presa El Chaparral en el que Funes es señalado de actos de corrupción.
El funcionario comentó que las reformas a la normativa penal, que fue iniciativa del Ejecutivo, permitirán imponer sentencias a todas las personas que por años han evadido la justicia, como el caso de Funes que huyó a Nicaragua donde se volvió ciudadano para evitar ser extraditado.