La comisión de legislación de la Asamblea Legislativa inició ayer el estudio de la reforma del artículo 32 del Código Penal para impedir que los delitos de corrupción prescriban a los 10 años y que la persecución penal tenga efecto retroactivo.
La iniciativa de reforma de ley la envió el presidente de la república, Nayib Bukele, el pasado 27 de julio, por medio del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.
Como parte del proceso de formación de la ley, la comisión recibió ayer a los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Ministerio de Justicia para que externaran sus opiniones en relación con el proyecto.
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El fiscal general, Rodolfo Delgado, respaldó la propuesta de reforma del artículo 32 y la calificó como un esfuerzo de los actuales legisladores para combatir el «flagelo de la corrupción», que drenó fondos públicos e impidió la construcción de obras como centros escolares.
Según Delgado, la falta de consensos entre las anteriores fuerzas políticas en la Asamblea impidió la aprobación de estas reformas, que eran necesarias para aclarar actos de corrupción.
Si las propuestas se aprueban, los delitos de corrupción como enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas, cohecho propio e impropio dejarán de prescribir a los 10 años de haber sido cometidos y podrán ser investigados los que ocurrieron en los gobiernos anteriores.
La Asamblea Legislativa ha creado dos comisiones especiales para indagar el cometimiento de actos de corrupción del pasado. Una indaga cómo 360 organizaciones no gubernamentales gastaron $273 millones que las anteriores legislaturas aprobaron en 11 años. La otra investiga los millonarios fondos que los gobiernos anteriores extrajeron para entregar sobresueldos a exfuncionarios, líderes de opinión, miembros de las organizaciones de la sociedad civil y experiodistas.