La Fiscalía General de la República (FGR) informó ayer por la tarde que en la madrugada del domingo concluyó el allanamiento en la Asamblea Legislativa para investigar la existencia de plazas fantasmas en ese Órgano del Estado.
El allanamiento inicio el martes de la semana pasada y fue realizado por 40 fiscales, encabezados por el director contra la corrupción y la impunidad de la FGR German Arriaza.
La Unidad de Sistemas o soporte técnico de la Asamblea fue el último lugar allanado por los fiscales en la madrugada del domingo, pero días antes revisaron documentos y equipo informático en la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia Financiera.
En los allanamientos participaron la Unidad de Investigación Financiera, Unidad de Delitos de Corrupción, Unidad de Tráfico y Trata de Personas y Unidad de Extinción de Dominio de la FGR. La FGR informó ayer a través de su unidad de prensa que no tiene programado dar conferencia de prensa para rendir un informe de toda la información recabada durante el procedimiento.
En el allanamiento, los fiscales también secuestraron información de las fracciones legislativas de ARENA, FMLN, GANA, PCN, PDC, Cambio Democrático (CD) y el diputado no partidario, Leonardo Bonilla. Durante los allanamientos se conoció, con base a información publicada en el portal de Transparencia de la Asamblea Legislativa que el partido ARENA tiene contratados 350 empleados; GANA, 238; FMLN, 199; PCN, 185; PDC, 76; el CD, 12; el no partidario Leonardo Bonilla, ocho; Francis Zablah, cuatro; Felissa Cristales, dos y Gustavo Escalante, cuatro.
En suma, las fracciones legislativas tienen contratados 1,078 empleados y hay 1,322 institucionales.
Desde el inicio del allanamiento, el FMLN negó la existencia de plazas fantasmas en esa fracción legislativa, mientras que GANA y ARENA aceptaron que la FGR investigara las denuncias de plazas fantasmas.
El 10 de marzo pasado, el Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral) denunció públicamente la existencia de 1,200 plazas fantasmas en ese Órgano del Estado y contó que había traslados de personal contratados por los partidos políticos a plazas institucionales.
A finales de la semana pasada, el fiscal general de la república Raúl Melara informó que en este proceso investigativo tuvo participación la Corte de Cuentas de la República y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
