La Fiscalía cuestionó la resolución del juez Especializado de Sentencia A de San Salvador quien absolvió a una estructura de 31 miembros la Mara Salvatrucha acusados de asesinar a 20 personas entre ellos cuatro soldados en la residencial Vista al Lago de Ilopango.
«Sorprendidos por el tipo de fallo que ha dado el señor juez, no está apegado a derecho, ni tan siquiera está apegado a la realidad que se ha dado conforme a la prueba que la Fiscalía ha dado», manifestó el fiscal del caso.
El juez restó credibilidad al testigo criteriado [con beneficios penales] que participó en los 15 casos de homicidio, entre ellos el de los militares que fueron asesinados con lujo de barbarie.
La representación fiscal informó que apelarán la decisión del juzgado pues no fue objetivo al momento de valorar cada una de las pruebas presentadas, al contrario, se fue por situaciones generales y hasta valorar cosas que no fueron escuchadas en juicio.
«Es inaudito solicitar que después de tres años saquen un cuerpo de una tumba y quererle ver tatuajes, por ejemplo: y como cuando dijo que no se encontró el cincho con el que llevaban amarrado a una de las víctimas cuando el testigo dijo que habían soltado a las víctimas para desmembrarlas, entierran los cuerpos sin los cinchos y los cortaron en pedazos, son situaciones ilógicas que acabamos de escuchar lastimosamente», destacó el fiscal.
En ese sentido, el presidente de la República, Nayib Bukele, que este tipo de «jueces de la constitución», son los que defiende la «comunidad internacional»; pero que en caso de que la nueva Asamblea Legislativa intente removerlos la misma «comunidad internacional comienza a amenaza al país con sanciones» y a tachar al Gobierno de dictadura:
«Los ‘jueces de la constitución”, los que defiende la ‘comunidad internacional’. Pero si la Asamblea intenta remover a uno de estos corruptos, la ‘comunidad internacional’ empieza a amenazar a nuestro país con sanciones y a acusarnos de ‘dictadura’. ¿Entonces qué hacemos? ¿Dejamos que nos sigan matando?».
La investigación
La estructura comenzó a ser investigada en junio del año 2017, por el homicidio de los cuatro soldados quienes de forma equivocada abordaron una buseta de la ruta 29-A cuando se dirigían a un curso a la Fuerza Aérea.
Las víctimas, que no conocían la zona, cuando llegaron a Vista al Lago fueron interceptados por los marero quienes luego de privarlos de libertad los llevaron a un lugar desolado y los obligaron a ver cuándo asesinaban a uno de ellos.
Luego los desmembraron a todos y los introdujeron en bolsas negras y los enterraron en fosas clandestinas en el sector de Changallo. Los pandilleros también enfrentan el juicio por el homicidio en perjuicio del agente de la PNC, Jesús Vidal Ayala Maravilla, en abril de 2016. El policía había asesinado a un miembro de la MS.