La Fiscalía General de la República de México anunció este martes que procederá penalmente contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM) , Francisco Garduño; y el director general de Control y Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, tras el incendio en el que murieron 40 migrantes el 27 de marzo en el centro de detención de Ciudad Juárez. Esta fue una de las primeras exigencias del Gobierno de El Salvador, que perdió a siete de sus connacionales y cinco más resultaron heridos.
Ambos «incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos» contra los 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, detalla la Fiscalía en un comunicado, dos semanas después del incidente.
También serán procesados cuatro servidores públicos identificados como Salvador «N», Juan «N», Cecilia «N» y Eduardo «N», vinculados «directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones», señala el documento.
La Fiscalía aclaró que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Debido a eso, están investigando dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
Según la Fiscalía, tanto la empresa de seguridad privada como el INM, y autoridades del centro de detención, suscribieron contratos por adjudicación directa, por lo que omitieron sus obligaciones de licitación pública y generaron costos dobles de lo que en el sector público se paga por esos servicios. También eliminaron el cumplimiento de sus obligaciones de «capacitación, control y supervisión que eran obligatorias».
«Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos», indica la Fiscalía.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue continuamente cuestionado en sus conferencias matutinas por no haber destituido de inmediato a Garduño, a lo que el mandatario solo respondió que seguían las investigaciones.
Obrador manifestó ahora que aunque Garduño ha tenido un buen desempeño, no lo protegerá en caso de ser responsable.
