En la Cámara Tercera de lo Civil, fiscales de la Unidad Anticorrupción han presentado esta mañana una demanda por presunto enriquecimiento ilícito en contra del exministro de Defensa, David Munguía Payés, su cónyuge Sandra Dinora Molina de Munguía y sus dos de sus hijas, Sandra Beatriz y Blanca Patricia por un monto de $498,374.31.
El 7 de octubre de 2021, tras un informe de la Sección de Probidad, 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenaron que se le iniciara el juicio civil por incremento patrimonial no justificado que le detectaron.
En Corte Plena se resolvió que existen indicios de enriquecimiento ilícito cuando fue ministro de Defensa entre el 1 de junio de 2009 al 21 de noviembre de 2011, en el gobierno de Mauricio Funes bajo la bandera del FMLN.
Munguía Payés también fue ministro de Justicia y Seguridad Pública, entre el 22 de noviembre de 2011 al 15 de junio de 2013, pero ese nombramiento fue declarado inconstitucional, por lo que otra vez fue juramentado como ministro de Defensa, cargo que ocupó entre 15 de junio de 2013 al 31 de mayo de 2014. Durante el gobierno del también prófugo por corrupción, Salvador Sánchez Cerén, estuvo al frente de la misma cartera de Estado, del 1 de junio de 2014 al 31 de mayo de 2019.
Tras ordenar el juicio civil Corte Plena ordenó inmovilizar las cuentas bancarias para que el dinero no fuera transferido, se solicitó también decretar anotaciones preventivas a un vehículo Volvo y un BMW que Munguía Payés tiene a su nombre.
Se pidió al Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas inmovilizar los inmuebles ubicados en San Marcos, Tamanique y Nuevo Cuscatlán.
La Sección de Probidad encontró al grupo familiar 14 irregularidades, 11 a Munguía Payés y una cada una a su esposa e hijas, explicó uno de los fiscales.
Esas irregularidades son en concepto de depósitos bancarios en cuentas corrientes, depósitos a plazo, adquisición de inmuebles y pagos realizados en efectivo a tarjetas de crédito.
«En el procedimiento administrativo no pudieron ser justificadas todas estas irregularidades, razón por la cual la honorable Corte Suprema de Justicia determinó la existencia de indicios de enriquecimiento ilícito y que dan lugar para el inicio de la fase judicial que estamos instando como representantes del Estado» sostuvo el fiscal.
El ministerio público pretende que los demandados sean condenados por la Cámara Tercera de lo Civil a reintegrar el dinero obtenido de forma ilícita y que Munguía Payés sea inhabilitado a ejercer cualquier cargo público por un plazo de 10 años.