A petición de la Fiscalía General de la República, en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, se han comenzado a tomar declaraciones a cuatro familiares de víctimas de la masacre del Rio Sumpul, ocurrida en el año 1980.
Un fiscal de la Unidad del Conflicto Armado que desarrolla la investigación dijo que a través de las pesquisas han logrado encontrar lugares donde hay restos de las personas que fueron asesinadas.
En el año 2013, familiares de víctimas de esa matanza conocida como «Masacre de El Sumpul», presentaron un escrito en la Fiscalía solicitando que se investigara ese hecho ocurrido el 13 y 14 de mayo de 1980, donde fueron asesinadas más de 600 personas.
La masacre ocurrió en el sector de Las Aradas, Las Vueltas, El Coyolar y Ojos de Agua, todos del departamento de Chalatenango. «Precisamente en el cantón Las Aradas es donde se registró el mayor número de personas asesinadas en el contexto del conflicto armado» manifestó uno de los fiscales.
El 9 de mayo del año 2012, el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango notificó a la Fiscalía General de la República que debía realizar varias diligencias judiciales respecto al caso.
Según el ministerio público, además de ubicar lugares donde hay restos de las víctimas, también han hecho exhumaciones. «Contamos con prueba pericial; estamos ahorita con la ronda de la prueba testimonial son las declaraciones, para ello se están siguiendo las reglas del Código Procesal Penal vigente en aquel momento que sucedió la masacre», agregó el representante del ministerio público.
Los testigos entrevistados es la primera vez que están declarando sobre la matanza, según el fiscal, de todos los datos que proporcionen se van a valorar y si hay más lugares con restos de víctimas, tendrán que realizar inspecciones y aplicar técnicas científicas para identificarlas y obtener nuevos testigos sobre el hecho.
«El objetivo es dar respuesta a estas víctimas, el trabajo lo estamos realizando de conformidad a la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, a partir del año 2016 la Unidad de Conflicto Armado viene trabajando, impulsando todos estos casos, sabemos la importancia que esto tiene para la justicia, para la memoria histórica, para las víctimas del conflicto armado», agregó el fiscal.
El 13 de julio del año 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declaró inconstitucional la Ley de Amnistía de 1993 por considerar que violaba las obligaciones internacionales de El Salvador de investigar y juzgar y no debía aplicarse a los delitos de considerados de lesa humanidad y de crímenes de guerra. Esta masacre habría sido perpetrada por equipos élite del Ejército.
