En la audiencia preliminar del caso conocido como Asocambio, la Fiscalía General de la República terminó de presentar toda la prueba con la que dispone para que el expediente sea enviado a vista pública.
Los fiscales atribuyen a nueve exfuncionarios del gobierno de Salvador Sánchez Cerén y 12 exempleados de ANDA los delitos de peculado, cohecho impropio, actos arbitrarios y falsedad documental agravada.
El ministerio público le expuso a la jueza que hubo una sustracción de fondos de las tiendas institucionales que están bajo la administración de la Dirección General de Centros Penales a un ente privado, es la Asociación Yo Cambio (Asocambio).
Según la acusación fiscal ese traspaso ilegal de más de $500,000 se dio durante la administración del entonces ministro de Justicia y Seguridad Mauricio Ramírez Landaverde quien está recluido en el penal de Mariona.
El exfuncionario junto a otras personas del Ministerio que él presidía y Centros Penales decidieron constituir el ente privado para transferir fondos de las tiendas institucionales, dijo un fiscal.
Ante los señalamientos del ministerio público los abogados de los imputados dijeron a la jueza que no ha existido ninguna ilegalidad. Pedro Cruz, defensor de Ramírez Landaverde expuso en sus alegatos que no se ha configurado ningún delito, que no existe ningún reo como ofendido por el mal uso del dinero de las tiendas institucionales.
Que la Corte de Cuentas ordenó crear una asociación para la administración de los fondos por eso creó Asocambio como una entidad sin fines de lucro.