Los cadáveres de 11 personas que fueron asesinadas durante la época del conflicto armado en El Salvador fueron exhumados en el caserío Yancolo, cantón Agua Blanca, municipio de Cacaopera, Morazán en noviembre del 2019. Este procedimiento es uno de tantos en las investigaciones que mantiene la Fiscalía General de la República (FGR) sobre «crímenes de guerra».
Los cambios de condiciones topográficas y el tiempo transcurrido son los principales factores que vuelven complejas las investigaciones para localizar a las víctimas civiles que dejó el conflicto armado, sucedido entre 1980 a 1992, según autoridades fiscales.
Hasta la fecha, se estima que durante la guerra civil se perpetraron más de 75,000 mil muertos, entre ellos, se considera que un 80% eran de la sociedad civil; en los últimos tres años solo 42 víctimas, que se considera fueron «crímenes de guerra» se han logrado localizar, según datos de la FGR.
El ministerio público ha logrado desde 2018 hasta abril de este año realizar exhumaciones en 9 departamentos de El Salvador: San Vicente, Morazán, Chalatenango, Santa Ana, San Miguel, La Paz y Usulután, Cuscatlán y San Salvador, pese a que en estos dos últimos no se encontró víctimas.

Del total de víctimas exhumadas, solo en Morazán, la Fiscalía localizó 24 osamentas, 20 en el municipio de Cacaopera y 4 en Corinto. En San Miguel se exhumó a 5 víctimas, en San Juan Nonualco, La Paz, a 4, mientras que en Arcatao, Chalatenango, se encontró osamentas de tres personas.
Las exhumaciones anteriores son parte de los procesos judicializados que tiene la Fiscalía desde 2016, tras que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declarará inconstitucional varios artículos de la Ley de Amnistía para la Consolidación de la Paz, aprobada en 1993.
«Solo investigamos los casos que se consideran graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos, los 32 casos que menciona el Informe de la Comisión a la Verdad y una serie de homicidios colectivos que son los que nos tienen ocupados», detalló Mario Chacón, jefe de la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos durante el Conflicto Armado de la Fiscalía.
El Ministerio Público solo investiga los crímenes cometidos durante el conflicto armado, que fueron denunciados luego de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. «Si son hechos denunciados en los 80, ante el órgano judicial, a quien le corresponde la investigación, de acuerdo a la legislación que estaba vigente, es al juez de paz».
UNA INVESTIGACIÓN COMPLICADA
La exhumación de las 11 personas en Cacaopera, Morazán, se logró tras la declaración de una de las víctimas, Fidel Pérez, quien fue quién brindó el detalle del asesinato de las víctimas en diciembre de 1981. Las personas se resguardaban de un operativo en militar en una cueva donde les lanzaron una granada.
Chacón asegura que, como en el proceso anterior, usualmente son testigos, familiares o personas que estuvieron en alguno de los casos combatiendo, quienes ayudan a identificar el lugar donde están las víctimas «son los que dicen en tal lugar enterramos a la persona. Nunca se define un lugar al 100% a la primera vez, porque siempre hay probabilidad que la persona se equivoque, porque estamos hablando de 30 a 40 años desde que sucedieron los hechos. La mente tiene a ser falible, las condiciones topográficas de los lugares cambian. Si antes no había un palo de mango y ahora sí, entonces ya el testigo se confunde».

El jefe de la unidad de la Fiscalía explicó que por lo anterior se procura siempre contrastar las versiones para así tener una idea aproximada del lugar de los hechos.
Chacón dice que por ello las investigaciones tienen a ser a ser un poco complejas por el tiempo que han transcurrido, la tramitación no es igual que un caso reciente. «porque no siempre vamos a encontrar a alguien que nos diga quien disparó o donde están las víctimas», explicó Chacón.
Para las exhumaciones siempre participan fiscales salvadoreños, pero «hemos trabajado en conjunto con Medicina Legal» y eventualmente «se tuvo el apoyo del Equipo de antropología forense de Argentina y de la Fundación de Antropología forense de Guatemala», detalló Chacón.