En la colonia Altavista, de Tonacatepeque; urbanización El Limón, en Soyapango; Cumbres de San Bartolo y Vista al Lago, en Ilopango, todas en San Salvador, son algunos lugares en los que más se ha capturado a usurpadores de viviendas, quienes, además de no pagar un alquiler, utilizan servicios básicos como luz, agua o conexiones de cable e internet de forma ilícita.
Uno de los casos más graves en el accionar de las pandillas trascendió en agosto de 2018. Los pandilleros de la MS que operaban en la colonia Vista al Lago, en Ilopango, habían usurpado más de 500 viviendas, las cuales «daban en alquiler por $50». Además de esta acción, los inquilinos no pagaban servicios básicos, sino que mantenían instalaciones ilegales.
Hacer conexiones no permitidas de agua, luz, telefonía o internet son prácticas recurrentes en diversas zonas de El Salvador. La Fiscalía General de la República (FGR) reporta 486 denuncias por estos casos desde 2018 hasta la fecha.
Durante 2020, año en el que debido a la pandemia de la COVID-19 se implementó un largo confinamiento, se registraron más fraudes: 225 denuncias. En 2019, se reportaron 144 casos de instalaciones ilegales de servicios básicos; entre enero y noviembre de este año se han denunciado 107 casos.
Esta acción ilegal se establece en el código penal como fraude de servicios de energía o fluidos. «Una persona que obtuviere y utilizare ilícitamente servicios públicos de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones, tales como telefonía, televisión o internet, o tolerare que otro lo hiciere será sancionado con uno a tres años de prisión y multa de 30 a 40 días», se lee en el artículo 211.
Añade que «si la utilización ilícita de estos servicios se realizare mediando intimidación, amenazas o violencia en las personas titulares o usuarios de los servicios o de los encargados de su conexión, cobro o mantenimiento, o en inmuebles ocupados ilegalmente la sanción aumenta de tres a seis años de cárcel con una sanción de 60 a 100 días multa».
Los datos que registra el ministerio público detallan que el 90 % de las denuncias sobre fraude de servicios de energía o fluidos son en San Salvador 442 casos. El resto se reporta en Santa Ana, Sonsonate, San Miguel, La Libertad y La Paz.
GRAVES CONSECUENCIAS
Hacer conexiones ilícitas de energía eléctrica acarrea consecuencias negativas, entre estas, accidentes, fluctuaciones de voltaje, daños en la red, daños en electrodomésticos, daños en acometidas (instalaciones eléctricas) y en los medidores, según la corporación AES, una distribuidora de energía en El Salvador.
Mientras que hurtar internet de una red wifi ajena podría vulnerar los datos incorporados en el sistema, por ello es importante cambiar en los routers las claves de acceso que las operadoras establecen.
PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN
Desde hace dos años, a través del fortalecimiento del plan Casa Segura, incluido en el Plan Control Territorial, las autoridades han ejecutado constantes operativos a escala nacional, con énfasis en municipios que tienen presencia de pandillas, con los que verifican la tenencia legal de los servicios básicos para evitar el hurto, además de la legalidad de las viviendas.
Las autoridades verifican casa por casa, solicitan a cada ocupante la documentación que ampara la situación legal de la vivienda para comprobar que la conexión de los servicios básicos está conforme a ley, según los recibos de las compañías respectivas.
Uno de los más grandes golpes a las estructuras delincuenciales se llevó a cabo el pasado 28 de enero en el operativo Enero Seis, con modalidad Casa Segura, en Soyapango, San Martín, Ilopango y Tonacatepeque, en el que se detuvo a 25 usurpadores.
La Policía detalló que durante el procedimiento desplegó a más de 250 agentes. «Hubo 38 personas capturadas, de estas, 25 son por usurpación de inmuebles, hasta por fraude de servicios de energía y fluidos», explicó el ministerio público en un comunicado.
