En el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, la Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación (carpeta judicial que tiene toda la investigación) en contra del exministro de Obras Pública David Gutiérrez, señalado de haber pagado más de $13 millones por trabajos no ejecutados a una empresa constructora que ganó el proyecto tramo II del Bulevar Monseñor Romero, denominado al principio Diego de Holguín.
El exfuncionario quien goza de medidas alternas a la detención emitidas por el Juzgado Décimo Cuarto de Paz de San Salvador es procesado por peculado (apropiarse de fondos públicos).
La Unidad Especializada de Delitos de Corrupción la Fiscalía General de la República ha establecido que los hechos atribuidos a Gutiérrez ocurrieron entre diciembre del año 2005 hasta enero de 2007 ya que autorizó pagos por obras no realizadas en el diseño y construcción de la apertura del referido bulevar.
«Se pagó a la constructora del tramo II del Bulevar Diego de Holguín a pesar de que la obra no se terminó. El proyecto duraba 420 días, al pasar la mitad de ese tiempo la obra tuvo 20% de avance y la empresa no fue sancionada por incumplir el contrato», publicó el ministerio público.
Uno de los fiscales a cargo de la acusación mencionó que el exfuncionario causó un perjuicio económico al Estado por negligencia y omisión de sus funciones como titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Para lograr que el expediente avance a la última etapa del proceso penal y que en vista pública se defina la situación jurídica de Gutiérrez, la Fiscalía sostuvo que ha presentado abundante prueba.
La fase II de la obra estuvo varada por varios meses, pero el MOP continuó pagando por avances de la obra, al asocio temporal Copreca-Linares, que era representado por el guatemalteco Jesús Hernández Campollo, quien es prófugo y con orden de detención.
El ministerio público ha establecido que David Gutiérrez, pagó $13,723,132. 60, dinero que tendría que pagar a través de una responsabilidad civil que se ha dado por iniciada en el expediente.
Las irregularidades comenzaron a indagarse por parte del ministerio público
el 24 de mayo del año 2010, tras una denuncia recibida, por acciones fuera de la ley en la ejecución del proyecto que fue otorgado en la modalidad llave en mano [no podía hacerse ninguna modificación].