Los seis nuevos juzgados especializados de Instrucción de San Salvador y el Juzgado Cuarto de Menores, han recibido ya ocho expedientes en contra de 757 pandilleros detenidos en el marco del régimen de excepción vigente desde el pasado 27 de marzo.
La Fiscalía General de la República en las solicitudes de imposición de medidas presentadas ha pedido que todos continúen en detención y que se les comience aplicar las recientes reformas al Código Penal que el pasado 30 de marzo fueron aprobadas por la Asamblea Legislativa.
Las enmiendas determinan que la pertenencia a una pandilla será sancionada con prisión de 20 a 30 años y es calificado como agrupaciones ilícitas, mientras que los cabecillas, financistas y creadores de estas organizaciones terroristas serán condenados con prisión de 40 a 45 años.
Antes de las modificaciones el Código Penal penaba las agrupaciones ilícitas con tres y cinco años de prisión, los jueces condenaban a tres años a los colaboradores y les reemplazaban la pena para que no fueran a la cárcel y a los integrantes de las pandillas les imponían cinco, mientras que los cabecillas recibían seis años como mínima y nueve años como máxima.
A estas severas penas se enfrentan los mareros que ya comenzaron a ser acusados y que serán procesados en los 15 juzgados especializados de instrucción del país y en los juzgados de menores.
Ya el Juzgado Cuarto de Menores de San Salvador, tiene el expediente en contra de 10 adolescentes que integran diversas pandillas y se aplicaría la reforma a la Ley Penal Juvenil la cual ordena que desde los 12 años los menores que sean pandilleros pueden recibir condenas de 10 años de cárcel, y los que hayan cumplido 16 serán condenados hasta con 20 años.
Según la Fiscalía los procesos fueron presentados con abundantes pruebas y los juzgados al momento de realizar las audiencias de imposición de medidas no tendrán otra opción que ordenar prisión a los pandilleros por actos ilícitos cometidos en contra de salvadoreños.
Entre los procesados hay tres cabecillas nacionales de las pandillas, seis jefes de células y los demás son miembros de esas estructuras quienes enfrentan acusaciones por organizaciones terroristas, intentos de homicidio, tenencia de droga, fraude de energía y fluidos, resistencia y otros delitos.
«se ha logrado establecer que traemos personas que se encuentran a un nivel de la estructura alta. A parte de las organizaciones terroristas traemos casos de privación de libertad casos de homicidios tentados, se detuvo en flagrancia a estas personas que intentaron atentar en contra de la vida de personas del centro de San Salvador, se trae un caso de extorsión y otro tipo de delitos», explicó el fiscal que acudió a presentar la acusación formal.
El representante del ministerio público agregó que según las diligencias iniciales de investigación realizadas por agentes de la Policía Nacional Civil junto a la Fiscalía, establecen que son imputados que pertenecen a la Mara Salvatrucha.
«Es decir que estas personas para esta etapa procesal en la que nos encontramos existen los suficientes indicios para poder acreditar primero la existencia del delito y de igual manera la participación que estos han tenido», sostuvo el fiscal.
En los procesos iniciados la Fiscalía menciona que fueron capturados en los municipios de Apopa, Nejapa, Aguilares, Guazapa y están vinculados con el alza de homicidios del 25 y 26 de marzo a nivel nacional.
La presentación de las acusaciones comenzaron ayer y continuaron este viernes cuando se puso a la orden de los juzgados un octavo expediente con 417 pandilleros que fueron detenidos en Cojutepeque, Cuscatlán; Ilobasco, Cabañas; San Vicente y Zacatecoluca, departamento de La Paz.
Los juzgados tras recibir las solicitudes de imposición de medidas han comenzado con las diligencias para notificar a los mareros de los delitos que el ministerio público les atribuye, para que en un plazo de 72 horas se realicen las primera audiencias que marca el inicio de los procesos penales.