La mañana de este domingo 25 de julio, la Unidad de Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado de Paz de San Salvador un requerimiento contra 10 exfuncionarios del FMLN, durante el gobierno del expresidente, ahora prófugo en Nicaragua, Mauricio Funes.
Los 10 imputados son acusados por las autoridades de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito; reiteraron que fueron alrededor de $2.5 millones de dólares, provenientes de dinero público, que estos exfuncionarios habrían recibido en concepto de bonos o bonos de retiro.
Se trata de: Violeta Menjívar, exministra de Salud; Erlinda Hándal, exviceministra de Ciencia y Tecnología; Calixto Mejía, exviceministro de Trabajo; Carlos Cáceres, exministro de Hacienda; y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura.
Los exfuncionarios fueron capturados el pasado jueves 22 de julio por la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la FGR.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó en su momento que giraron órdenes de captura, y que se solicitaría la difusión roja, contra el expresidente de la República, Salvador Sánchez Cerén; el exministro de Obras Pública, Gerson Martínez; la exministra de Medio Ambiente, Lina Pohl (quien trabaja con la FAO en México); y el exministro de Agricultura Guillermo López Suárez, quien recibió un bono de $565,000 a su retiro.
Según las investigaciones de la Fiscalía todos los implicados contribuyeron al desfalco de Funes y que le costó más de $350 millones de dólares al Estado salvadoreño. Las indagaciones de la Operación Desfalco iniciaron en 2019 y las autoridades explicaron que es una derivación del caso «Saqueo Público».