Fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron este miércoles un escrito en la Cámara Primera de la Civil de San Salvador, para que se le obligue al expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Agustín García Calderón y su esposa, Gloria Natividad Valdés de García, a pagar $240,863.77 por enriquecimiento ilícito.
La Sala de lo Civil condenó al exfuncionario y su esposa, ordenándoles a devolver al Estado el dinero que obtuvieron de forma ilícita y que fue catalogado como un incremento patrimonial no justificado.
El 25 de mayo de 2021 ambos funcionarios fueron absueltos por la Cámara Primera de lo Civil bajo el argumentando que el expresidente de la CSJ tenía capacidad económica para ahorrar, comprar vehículos y bienes, pero la Fiscalía apeló ante la Sala de lo Civil y el tribunal superior anuló la exoneración y los condenó en enero de 2022.
Pero como García Calderón se ha negado a pagar la Fiscalía presentó este miércoles la denominada «solicitud de ejecución de sentencia», para que cancelen los montos por los cuales fueron condenados.
Agustín García Calderón, por enriquecimiento ilícito debe devolver al Estado $230,863.77, mientras que su esposa debe cancelar $10,000.
«Se pretende ejecutar diferentes bienes e inmuebles que se han cautelado [embargado], así como diferentes cuentas bancarias», dijo una fiscal anticorrupción.
La Unidad Anticorrupción de la Fiscalía promovió el juicio civil por irregularidades consistentes en depósitos bancarios, adquisición de vehículos, cobros de seguros de vida pagados con fondos de la Corte Suprema de Justicia y una bonificación de retiro voluntario de la carrera judicial.
Sobre la última irregularidad planteada los fiscales expusieron en la audiencia probatoria que García Calderón pidió el retiro voluntario de la carrera judicial y beneficiarse con un bono de $28,283.64, pese a que no tenía derecho ya que hubo una preclusión del término para el período por el cual fue elegido como magistrado.
El ministerio público señaló que el exmagistrado debió seguir su jubilación apegándose a los requisitos que establece la Ley de la Carrera Judicial. Al recibir el bono hizo fraude de ley ya que los fondos salieron de la Tesorería Institucional de la Corte Suprema de Justicia.
Según la Unidad Anticorrupción el expresidente de la CSJ, alteró el ordenamiento jurídico pues tuvo una conducta delictiva actuó y deshonró el principio de probidad que un funcionario público debe mostrar.
