El magistrado por el FMLN en el Tribunal Supremo Electoral (FMLN) y la diputada de VAMOS en la Asamblea Legislativa, Julio Olivo y Claudia Ortiz respectivamente, han comenzado a invocar en sus declaraciones al «fantasma» del fraude electoral conforme se acerca 2024, año de los comicios generales en El Salvador.
Ambos representantes de partidos de oposición expresaron el lunes anterior, en escenarios distintos, tener dudas sobre la transparencia del futuro evento electoral, argumentando que no existen las garantías que, según ellos, darían legitimidad a las jornadas del 4 de febrero y 3 de marzo del próximo año.
Fue en la comisión de hacienda de la Asamblea, que estudiaba el presupuesto especial para las elecciones, donde Olivo reclamó molesto porque, según él, estaba desfinanciado el proceso de auditoría al que será sometido el proceso electoral; y agregó, de forma jocosa, que lo podían arrestar al salir de la reunión por dar su postura.
Esto generó el reproche casi unánime de los diputados de la comisión, mientras que la presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez, aclaró que las declaraciones de Olivo fueron «a título personal» y no representan el posicionamiento oficial del ente colegiado. Reiteró que las elecciones serán transparentes y que la voluntad del electorado expresada en las urnas será totalmente respetada, descartando con ello un supuesto fraude.
Mientras que la diputada de VAMOS afirmó en la entrevista Debate de TCS que, «cuando la elección está en una cancha equilibrada, todos los partidos pueden auditar el proceso», y afirmó, sin mostrar pruebas, que hay un «stock» de documentos únicos de identidad (DUI) en los consulados salvadoreños, insinuando que podrían usarse para cometer fraude.
La comisión emitió dictamen favorable del presupuesto especial extraordinario para las elecciones generales: $70.3 millones para el voto nacional y $59 millones para el voto desde el exterior, que será electrónico remoto y electrónico presencial.