El presidente de la Defensoría del Consumidor (DC), Ricardo Salazar, reveló que los proveedores de servicios inmobiliarios que ejecuten desalojos de manera forzada serán sancionados con una multa de 500 salarios mínimos, una vez que entre en vigor la reforma de la ley que protegerá el derecho a la vivienda de las familias salvadoreñas.
«Esta reforma de la Ley de Protección al Consumidor viene a incorporar y a tipificar una nueva conducta abusiva, la cual será sancionada con una multa de hasta 500 salarios mínimos», advirtió Salazar.
La comisión de economía de la Asamblea Legislativa dictaminó favorable el pasado jueves la enmienda de la citada ley, que protege a los consumidores ante los abusos de los servicios inmobiliarios.
Salazar sostuvo que la multa será aplicada a aquellos proveedores que no sigan el debido proceso, es decir, agotar inicialmente el mecanismo de solución de controversia por la vía administrativa en la Defensoría del Consumidor, y posteriormente por el mecanismo judicial.
«Muchas veces se amenaza a los consumidores de los servicios inmobiliarios sin seguir un debido proceso por el simple hecho de presentar retraso o mora con los proveedores», señaló el funcionario.
El presidente de la DC reveló a los legisladores de la comisión de economía que en materia inmobiliaria más de 5,000 familias salvadoreñas han sido beneficiadas por el trabajo de la institución desde junio de 2019 hasta la fecha, algo que en el pasado se ignoró.