La institución depura a los solicitantes con los antecedentes penales y policiales, a través de su sistema interno y por medio de pruebas de confiabilidad que revelan o descartan vínculos de aspirantes con las estructuras terroristas. Con las reformas al Código Penal, los que intenten ingresar al Ejército y se les compruebe vínculos con maras, son enviados a prisión.