Según la auditoría de un experto financiero en el caso Saqueo Público, el expresidente Mauricio Funes se apropió, por medio de refuerzos presupuestarios, de $270,217,115.49 que fueron ingresados a la partida de gastos reservados durante su administración, como informó ayer «Diario El Salvador».
Funes intentó desvirtuar los resultados de la auditoría, y entre otras cosas afirmó, ante la publicación de este periódico, que solo se trata de una campaña orquestada en su contra.
Sin embargo, los datos que la auditoría arrojó confirman que Funes ideó un mecanismo para captar fondos del erario por medio de refuerzos presupuestarios, ya que el monto asignado a la partida de gastos reservados solo era de $80 millones en los cinco años de su mandato.
Funes mencionó ayer en Twitter que la referida auditoría fue desestimada por la jueza que ventila el caso en su contra.
El estudio financiero comprendió desde el 1.º de junio de 2009, cuando inició la gestión de Funes en el Ejecutivo, hasta el 1.º de junio de 2014, cuando concluyó.
Se determinó que en esos cinco años la Asamblea Legislativa aprobó $80.8 millones para la partida de gastos reservados; sin embargo, por medio de refuerzos presupuestarios, Funes tuvo a su disposición $270.2 millones.
En total, lo avalado por el Legislativo más lo que Funes se apropió de forma irregular alcanzó los $351,035,400.49. La pericia financiera estableció que en 2010 y 2013 fue cuando más refuerzo presupuestario hubo, y en consecuencia, los años en los que Funes tuvo más recursos a su disposición.
La partida de gastos reservados sirvió como una especie de caja chica para los presidentes de la república, ya que el uso de esos fondos era a discreción y no pasaban por el control de la Corte de Cuentas de la República.
En 2010, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia en la que estableció que el mecanismo de trasladar fondos públicos bajo el concepto de refuerzos presupuestarios violentaba la Constitución; por lo tanto, lo dejó sin efecto.
Funes, en aras de seguir apropiándose de los recursos, se saltó la sentencia y creó diferentes unidades dentro de la presidencia de la república para hacer el traslado de fondos bajo la figura de gastos imprevistos.
El exmandatario es ciudadano de Nicaragua y evade varios procesos judiciales en su contra que se desarrollan en El Salvador.
Además, afirma que es un perseguido político, sin mostrar pruebas de que en verdad exista peligro para él o para su círculo familiar.
En Nicaragua vive con su compañera de vida, Ada Mitchell Guzmán Sigüenza.
