La Fiscalía General de la República giró está madrugada órdenes de captura contra exfuncionarios del ministerio de Obras Públicas involucrados en la corrupción del proyecto del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (Sitramss).
Entre los detenidos está Edwin Ernesto Flores, exdirector de Tránsito del VMT por actos arbitrarios, «por haber utilizado la concesión del carril segregado para uso exclusivo del sitrams sin haber cumplido con diferentes disposiciones legales que obligaban que la Asamblea autorizara la concesión, esto a raíz de una sentencia de inconstitucionalidad», explicó el titular del ministerio público.
Por estos mismos hechos se acusa al exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez, «porque no cumplió con el procedimiento necesario que se establece en la LACAP así como en la constitución para concesionar este bien público».
Delgado explicó que tienen información que este exfuncionario se encuentra residiendo en la República mexicana y en caso de no ser ubicado siempre será procesado como reo ausente.
Dentro de este procedimiento también están dos casos de extorsión. Uno de ellos en contra de Nelson Napoleón García, quien fue exviceministro de transporte en administración de Martínez, y en contra de Miguel Ángel González Diaz Castaneda.
«Estas personas conminaron bajo actos de intimidación y coacción a que los transportistas, que prestaban servicio en esa arteria donde posteriormente se construyó la terminal y la vía, que básicamente entregaran sus líneas de transporte lo que les provocó un perjuicio económico e hicieron maniobras para que el ministerio de obras públicas no fuera condenado por las conceciones», detalló el fiscal general.
Subcontrataciones, anticipos inauditos y prórrogas no justificadas son algunas de las irregularidades que se han encontrado en el proyecto del Sitramss. La terminal se construyó con $5.7 millones de dólares provenientes de un préstamo de $45 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Sitramss solo llegó a poner en operación 37 unidades cuando tenía capacidad para más de 200 unidades.
En 2017, la Sala optó como medida provisional habilitar el carril para todos los automovilistas y en 2019 resolvió que el uso exclusivo del Sitramss violentó el artículo 120 de la Constitución de la República que establece que «toda concesión que otorgue el Estado para la explotación de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de uso público, deberán estipularse el plazo y las condiciones de dicha concesión, atendiendo a la naturaleza de la obra y el monto de las inversiones requeridas. Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación».
El máximo tribunal de justicia señaló que el uso exclusivo del carril segregado debió pasar por una concesión hecha por la Asamblea Legislativa.
El Sitramss ha sido un proyecto cuestionado por diversas anomalías; este dividió a los empresarios del transporte público, ya que un grupo afín a aquel Gobierno del FMLN creó en tiempo récord la sociedad Sistema Integrado de Prepago (Sipago) –diciembre de 2010– y dejaron fuera del negocio a transportistas que no estaban de acuerdo en cómo se ejecutaría el proyecto.
Ahora las terminales y paradas de buses son propiedad del Estado, pero todas las unidades de transporte fueron adquiridas por Sipago, las cuales no están operando.
