El ministro de Trabajo, Rolando Castro, indicó que más de 103,000 trabajadores que poseen plazas formales se encuentran afectados debido al no traslado de las cuotas correspondientes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por parte de los sus patronos.
«Esto es una falta administrativa y es un delito eminentemente penal, y son cerca de 2,000 empleadores en este país que se encuentran en incumplimiento», aseveró el funcionario.
Castro señaló que, con el fin de salvaguardar los derechos de estos trabajadores, la próxima semana se presentará a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar un aviso en contra de estos patronos.
«Esta semana he recibido la última información por parte de las instituciones pertinentes y la próxima semana me presento e interpongo ante la Fiscalía ya un aviso de carácter penal por esto», advirtió.
El ministro amplió que, las empresas que se encuentran en incumplimiento solo han estado reflejando la cuota correspondiente al Instituto Salvadoreños del Seguro Social (ISSS), pero no la que corresponde a las AFP, lo que tiene graves repercusiones para los trabajadores.
«Por ejemplo, si un trabajador cumple sus 30 años de servicio y 60 de vida, y se encuentra en condiciones de jubilarse, pero va a la AFP y se da cuenta que durante tres años su empleador no depósito las cuotas correspondientes, esta persona ya no cumple los 30 años y se vería obligado a trabajar tres años o más o le quedaría menor su pensión», explicó.
«Es una cosa bien grave y que muy poca atención se le pone. Estamos hablando que de los más de 940,000 empleados formales que tiene actualmente el país, 103,000 trabajadores se encuentran afectados», puntualizó Castro.
En este sentido, también señaló que este incumplimiento que ha persistido en el tiempo terminará con la entrada en vigor de la reforma de pensiones que se analiza en el Congreso, la cual contempla la eliminación de la doble planilla (AFP e ISSS), y las integra a un sistema único que no podrá ser burlado por este tipo de patronos. «La planilla única elimina a los evasores previsionales», afirmó.
Esto forma parte de potestades que tendrán el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) que nace con la reforma y que se convertirá en el ente rector, regulador, y administrador de las políticas que se implementen en esta materia.
«Acá, en el pasado, quien decidía absolutamente todo eran las AFP, ahora va a ser el ISP y, por supuesto, que tendrá la capacidad de trabajar con las administradoras, pero el regulador y rector de las políticas públicas en materia de seguridad social es el nuevo ente», afirmó.
Castro señaló que la propuesta presentada por el Ejecutivo es integral, y ha apostado por el beneficio de los trabajadores, ya que no contempla incremento de edad o aporte previsional y plantea una base sólida que la vuelve sostenible en el tiempo.
