La cartera indicó en un comunicado, que el Gobierno tomó esta decisión «en cumplimiento de sus atribuciones y en defensa de los intereses nacionales».
Precisó que, tras un proceso de revisión de las solicitudes presentadas por la empresa privada OCP Ecuador S.A. en busca de una prórroga, se determinó que el contrato y la Ley de Hidrocarburos «no permiten extensión, sino la transferencia al Estado al concluir el plazo».
«La transferencia de acciones, bienes y operaciones del oleoducto al Estado se ejecutará el 30 de noviembre de 2024, garantizando la continuidad del servicio público de transporte de hidrocarburos sin costo adicional», apuntó.
Añadió que en este proceso se respetarán los derechos laborales y contratos con terceros; además de que en las próximas semanas el Estado dará a conocer la modalidad de administración.
Anunció además que licitará OCP una vez pase a manos del Estado, «asegurando una transición ordenada y transparente en beneficio de todos los ecuatorianos».
OCP fue inaugurado en 2003, luego de dos años de construcción a cargo de empresas petroleras privadas extranjeras con una inversión de más de 1.475 millones de dólares.
El Oleoducto, de 485 kilómetros, transporta, almacena y despacha petróleo desde los campos petroleros de la Amazonia ecuatoriana hasta el terminal marítimo de Balao, en la provincia costera de Esmeraldas (norte), para su exportación.
El petróleo es el principal producto de exportación de Ecuador, cuya producción bordea los 500.000 barriles diarios, según la empresa estatal Petroecuador.
