El Gobierno de Honduras tratará de arrancar de raíz la criminalidad en las 26 prisiones que conforman el sistema penitenciario del país, con la implementación de 10 medidas bajo el liderazgo de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva; una funcionaria que ha expuesto su admiración por el modelo de combate a las pandillas del presidente Nayib Bukele.
Las autoridades encendieron sus alertas después de la muerte de un recluso y otros siete heridos en enfrentamientos de pandillas rivales el 8 de abril, en las cárceles de Támara, El Porvenir, Santa Bárbara y Morocelí. Esto ocurrió mientras el territorio cumplió cuatro meses del régimen de excepción, que el Ejecutivo lanzó el 6 de diciembre pasado y que extendió este año para contrarrestar la delincuencia y las extorsiones.
Dos días después de las revueltas, la presidenta Xiomara Castro, comunicó el nombramiento de Villanueva–quien fungió como directora del Departamento de Medicina Forense–para «desmontar las estructura criminales que operan en los centros penitenciarios».
Ese mismo día, la Mara Salvatrucha (MS-13) expulsó al personal administrativo y los policías del recinto de Támara por varias horas y se suministró con armas de una bodega, como un acto de huelga para exigir a las autoridades una redistribución de privados de libertad y que los miembros de pandillas contrarias fueran trasladados a otros centros, compartió en una investigación el periódico El Heraldo.
El 18 de abril, Villanueva detalló el plan de intervención, con el que buscan recuperar la «seguridad y gobernabilidad» en las prisiones. Entre las primeras acciones está el bloqueo de señal de teléfonos, el traslado de privados de libertad y la evaluación del personal.
La viceministra de Seguridad Villanueva anunció que habrá «un desarme real» en las instalaciones a través de registros manuales y electrónicos, así como un «bloqueo total» de la señal telefónica para los detenidos e «intervención autorizada de las líneas oficiales para el registro de las comunicaciones internas y externas» en los todos establecimientos, donde albergan a 19,966 presos, entre ellos 1,100 menores de edad.
«El propósito es poner fin al crimen organizado que impera en la comunidad carcelaria y, de ser necesario, se copiarán modelos de otros países», detallaron.
También llevarán a cabo la remoción y depuración del personal penitenciario y de los policías en todas las cárceles, por medio de una evaluación a los directores de los recintos. Esta inspección iniciará en Támara y El Porvenir (en el departamento de Francisco Morazán), La Tolva (en el departamento El Paraíso) y El Pozo (en el departamento Santa Bárbara), así como el desarrollo de la primera etapa de reubicación de reos, ya que son los centros de mayor concentración.
Las autoridades reclasificarán prisioneros y aislarán a los reclusos vinculados a la criminalidad organizada, maras y pandillas, tráfico de drogas y armas.
Otra medida será aumentar el número de agentes penitenciarios y policiales, dotarlos de equipo, tecnología, capacitación y habrá un ajuste salarial.
El Gobierno creará un banco de datos de los privados de libertad para asegurar el registro de su identidad.
Solo un día después del lanzamiento del plan, se desató un tiroteo entre miembros de la MS-13 y la pandilla 18 en la cárcel de máxima seguridad El Pozo, en Santa Bárbara, donde siete reclusos resultaron heridos. Villanueva respondió con un despliegue policial en este y en los reclusorios de Támara, El Porvenir y Morocelí.
