El procurador de Guatemala, Jordán Rodas, aseguró este domingo que el gobierno intentó «criminalizar» las protestas que piden la salida del presidente Alejandro Giammattei, apoyándose en actos de violencia que ocurrieron al margen de las manifestaciones.
«Rechazo los actos de vandalismo ocurridos al margen de las manifestaciones convocadas por la ciudadanía», dijo Rodas en un comunicado que compartió en Twitter.
Rodas, procurador de Derechos Humanos, escribió además en la red social que «no es ético que el Ministerio de la Gobernación use el vandalismo para justificar la persecución contra periodistas y defensores derechos humanos y criminalizar la legítima manifestación ciudadana».
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El sábado, miles de guatemaltecos reanudaron sus protestas exigiendo la renuncia del presidente, en la plaza ubicada frente a la antigua sede de gobierno, en la capital.
Los manifestantes responsabilizan al derechista Giammattei de elaborar con opacidad el presupuesto del país para 2021, que luego debió ser anulado ante las demandas ciudadanas.
Tras horas de protesta pacífica, un grupo de personas con el rostro cubierto llegó en un autobús del servicio público sin pasajeros y le prendió fuego frente al Palacio Nacional.
Durante esos incidentes resultaron heridos tres periodistas, cinco policías y tres delegados de la Procuraduría de Derechos Humanos.
Rodas pidió a Giammattei la destitución del ministro de Gobernación (Interior), Gendri Reyes, y del director general de la Policía, José Tzubán, quienes debieron actuar «garantizando la integridad de los manifestantes y el resguardo de los bienes públicos y privados».
Al respecto, el ministro Reyes aseguró que «se están realizando las investigaciones para dar con los autores materiales e intelectuales de los hechos deplorables que pusieron en riesgo a la población».
Consideró que la quema del autobús fue «un acto totalmente planificado y financiado por algún grupo de personas que intenta desestabilizar el orden institucional del país».
Según él, quienes participaron de este hecho también estuvieron involucrados en el incendio de parte de las oficinas del Parlamento, ocurrido durante las manifestaciones del 21 de noviembre.
«No son actos aislados y forman parte de la misma estrategia», aseguró Reyes. No obstante, dijo que el gobierno reconoce «el derecho a manifestarse pacíficamente».
La protesta se realizó mientras una misión de la OEA está en el país desde el viernes para analizar la crisis política. Ese mismo día se reunió con el mandatario.
Los manifestantes también pidieron la renuncia de todos los diputados por haber aprobado inicialmente el presupuesto, al que critican por no atender los problemas más urgentes del país, como pobreza, salud y educación.
Casi el 60% de los casi 17 millones de habitantes del país están en situación de pobreza.
También le reclaman al presidente, médico de profesión, la mala gestión de la pandemia de covid-19 y la escasa transparencia en el manejo de más de 3.000 millones de dólares en préstamos para enfrentar la enfermedad.